La Unión Europea decidió este jueves incorporar a siete altos cargos del Ejército de Sudán y de las paramilitares Fuerzas Rápidas de Apoyo (RSF, por sus siglas en inglés) a su lista de personas sancionadas, en respuesta a la “dramática escalada de violencia” que ha provocado “daños irreparables en vidas humanas” en Darfur y en otras regiones del país.
La medida, aprobada durante una reunión de los ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, pretende castigar igualmente a los responsables de violaciones del Derecho Humanitario Internacional y de los Derechos Humanos, a quienes se considera implicados en los abusos cometidos en el marco del conflicto.
Entre los nuevos nombres incluidos figuran Algoney Hamdan Dagalo Musa, hermano del líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, así como el comandante del grupo islamista Batallón Baraa bin Malik (BBMB), Al-Misbah Abu Zaid Talha.
El Consejo de la UE explicó en un comunicado que los sancionados mantienen vínculos con “entidades que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán”, motivo por el cual pasan a estar sometidos a las restricciones comunitarias.
Con estas incorporaciones, el número total de personas sujetas al régimen de sanciones por la situación en Sudán asciende a 18, lo que implica la congelación de todos sus bienes en territorio de la UE y la prohibición de poner a su disposición fondos o recursos económicos, ya sea de forma directa o indirecta. Además, se les veta el acceso al espacio comunitario.
La guerra civil en Sudán se desencadenó por las profundas discrepancias en torno al plan para integrar a las RSF dentro de las Fuerzas Armadas regulares, un proceso que hizo descarrilar la transición política iniciada tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya seriamente deteriorada después del golpe que apartó del poder en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
Este enfrentamiento interno, alimentado por la injerencia de diversos actores extranjeros que respaldan a las partes en conflicto, ha colocado al país en una de las peores crisis humanitarias del planeta, con millones de personas desplazadas o refugiadas, un aumento del riesgo de enfermedades y graves daños en infraestructuras esenciales, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional.