La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha calificado como “nuevo golpe al Derecho Internacional” la decisión del gabinete de seguridad israelí de sacar adelante una reforma de la administración en Cisjordania, que amplía las atribuciones para autorizar la construcción de asentamientos, la confiscación de tierras y la gestión del mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.
“Las nuevas medidas israelíes allanan el camino para una expansión acelerada de los asentamientos en Cisjordania, socavando aún más el futuro de los palestinos”, ha señalado el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, tras la aprobación de la iniciativa, a la que ha definido como “una receta para un mayor control, desesperanza y violencia”.
“Estas medidas también suponen un nuevo golpe al Derecho Internacional, sentando precedentes peligrosos con repercusiones globales”, ha advertido Lazzarini en un comunicado difundido en sus redes sociales, alineándose con las críticas expresadas por el secretario general de la ONU, António Guterres.
La decisión abarca, entre otros puntos, la transferencia a las autoridades israelíes de las competencias sobre el territorio y las licencias de construcción en la ciudad de Hebrón, alterando el marco vigente desde 1997, que exigía la aprobación conjunta, tanto de las instituciones palestinas como de las israelíes, para cualquier nueva edificación.
El plan contempla igualmente la publicación de los registros de la propiedad de tierras en Cisjordania, de forma que cualquier interesado pueda identificar a las propietarias de una parcela y presentarles una oferta de compra, información que hasta ahora se mantenía reservada. Además, deroga una normativa heredada del periodo de administración jordana que impedía a personas no musulmanas adquirir terrenos en la zona y establece una “autoridad municipal específica” para la gestión de la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de las labores de limpieza y mantenimiento.
Asimismo, amplía el alcance de las competencias de seguridad israelíes en las zonas A y B definidas en los Acuerdos de Oslo, que debían quedar bajo control civil palestino (A) y bajo control compartido (B), incluyendo materias como la gestión de recursos hídricos, los daños a yacimientos arqueológicos y los perjuicios ambientales o la contaminación. Todo ello se produce mientras los países de la región reclaman evitar decisiones unilaterales para apuntalar el alto el fuego en Gaza y avanzar en la aplicación de la propuesta de Trump para la Franja.