El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha condenado este lunes la aprobación en el Parlamento israelí de una propuesta de ley que veta el suministro de electricidad y agua a las instalaciones del organismo, una medida que ha calificado como “una afrenta directa” al mandato otorgado por la Asamblea General de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
A través de su cuenta en la red social X, Lazzarini ha sostenido que el texto constituye “una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del Derecho Internacional” y “supone un nuevo revés para el sistema multilateral”. En su mensaje, ha insistido en que se trata de “una afrenta directa al mandato otorgado a la Agencia por la Asamblea General de la ONU y contraria a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
El responsable de la UNRWA ha explicado que la iniciativa legal “forma parte de una campaña sistemática y continua para desacreditar a UNRWA y, por lo tanto, obstruir el papel fundamental que desempeña la Agencia en la prestación de asistencia y servicios para el desarrollo humano a los refugiados de Palestina. Servicios que, según la CIJ, son esenciales para cumplir con el compromiso de la ONU con los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación”.
En esta línea, ha defendido que, “si Israel cuestiona las acciones de UNRWA, debe remitir el asunto a los órganos deliberantes de la ONU y solicitar una decisión definitiva de la CIJ”, en lugar de recurrir a lo que considera “una falta de respeto a los procedimientos esenciales” del sistema de Naciones Unidas.
Advertencia sobre el impacto en el conflicto y en otros escenarios
Lazzarini ha añadido que la propuesta de ley representa también “un nuevo revés para los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática justa y duradera al conflicto palestino-israelí, que dura décadas”.
El dirigente humanitario ha recalcado que “los derechos de los refugiados de Palestina existen independientemente de la UNRWA” y ha avisado de que el proyecto “sienta un grave precedente para otras situaciones de conflicto en las que los gobiernos deseen eliminar una presencia inoportuna de la ONU”.
Según ha señalado, la norma no se limita a la agencia, sino que se dirige “a cualquier persona o entidad que exija el cumplimiento del Derecho Internacional y una solución política pacífica”. Ha alertado además de que “no contrarrestar los intentos de intimidar y socavar a la ONU en el territorio palestino ocupado acabará comprometiendo la labor humanitaria y de derechos humanos en todo el mundo”.
Detalles de la ley aprobada en la Knesset
La reacción de Lazzarini se ha producido poco después de que la Knesset diera luz verde, con 59 votos a favor y siete en contra, a la propuesta de ley que obliga a los proveedores de electricidad y agua a desconectar los servicios de las instalaciones de la UNRWA y a bloquear sus comunicaciones, así como sus servicios bancarios o financieros.
La normativa faculta además al Ejecutivo encabezado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a apoderarse “sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos” de propiedades arrendadas en Jerusalén a la agencia humanitaria de la ONU, que eran utilizadas como oficinas.
Esta aprobación supone un nuevo paso en la campaña contra la UNRWA en la escena política israelí y se suma a los episodios mencionados por el propio Lazzarini en su extensa respuesta: la irrupción en diciembre de autoridades israelíes en el complejo de la agencia en Jerusalén Este, donde sustituyeron la bandera de la ONU por una bandera israelí, o el cierre, el pasado mes de mayo, de las escuelas del organismo en la misma zona.