Este viernes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha hecho su primera aparición en el tribunal para defenderse de las acusaciones de fraude inmobiliario que se le atribuyen. Este caso ha provocado la indignación del Partido Demócrata, que considera que las acusaciones son una maniobra política instigada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en represalia contra la fiscal que logró una sentencia por fraude fiscal contra su organización financiera.
James fue formalmente acusada a comienzos de este mes por fraude bancario y por emitir declaraciones falsas a una entidad financiera respecto a la adquisición de una propiedad en Norfolk, Virginia, en 2020.
Según la acusación, durante la transacción, James suscribió un acuerdo denominado “cláusula de segunda vivienda”, comprometiéndose a usar la propiedad principalmente para su «uso y disfrute personal durante al menos un año», a menos que se acordara algo diferente con el prestamista. Contrario a este compromiso, se acusa a James de haber arrendado la vivienda a una familia de tres, aprovechando condiciones de crédito que normalmente no están disponibles para propiedades de inversión.
James ha refutado las acusaciones, alegando que son «una continuación del desesperado uso que el presidente hace de nuestro sistema de justicia como arma». «Las declaraciones públicas de Trump», señaló en un comunicado después de su imputación, «dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio».
Es importante destacar que James es la tercera adversaria política de Trump que enfrenta cargos penales federales recientemente. Mientras tanto, la investigación que lideró resultó en una condena por fraude contra Trump el año pasado, aunque una corte de apelaciones estatal ratificó la condena en agosto, anulando una sanción económica de aproximadamente 450 millones de euros por ser «excesiva». Trump continúa negando las irregularidades y está apelando la decisión.