QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El martes, varios periodistas, entre ellos el corresponsal de Radio France Internationale en Chad, fueron liberados por un tribunal chadiano que los encontró inocentes de delitos que incluían la conspiración contra el Estado por supuestamente enviar información sensible a Rusia.
El Tribunal Superior de Yamena desestimó las acusaciones al considerar que las pruebas aportadas por la Fiscalía, que exigía dos años de prisión para Olivier Monodji, corresponsal de RFI y director de ‘Le Pays’, no probaban su culpabilidad ni la de los otros implicados.
Según la Fiscalía, los periodistas se habían reunido con ciudadanos rusos relacionados con el grupo Wagner, supuestamente a cambio de dinero por servicios como realizar investigaciones o publicar publirreportajes, acusaciones que la defensa y el Sindicato de Periodistas de Chad (UJT) refutaron diciendo que la reunión fue «en el ejercicio de su profesión como periodistas».
El abogado de Monodji, en prisión preventiva desde principios de marzo junto a otros periodistas, expresó estar «parcialmente satisfecho» con la decisión, aunque señaló que «el tribunal habló de dudas, pero nosotros creemos que nuestros clientes deberían haber sido pura y simplemente absueltos por un delito que no estaba constituido».
Alain Ndiliam, abogado de la defensa, destacó la gravedad de que «un periodista pueda ir a la cárcel sólo para ser declarado inocente», poniendo en relieve los problemas de libertad de prensa en Chad, según reportó Al Wihda.
Junto a Monodji, también fueron detenidos Ndilyam Guekidata, editor de ‘Le Pays’, y Mahamat Saleh Alhissein, redactor de la oficina estatal de medios audiovisuales (ONAMA), acusados de proporcionar información a una potencia extranjera que podría dañar la posición militar o diplomática de Chad, conspiración contra el Estado y complicidad en actos perjudiciales para los intereses nacionales.
La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía de Yamena se basó en una denuncia sustentada en artículos de prensa, lo que fue interpretado por la UJT y la Asociación de la Prensa del país como un intento de coartar la libertad de expresión.
