Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reclamado este jueves a la Comisión Europea una “respuesta coordinada” y “sin demora” con medidas “temporales y específicas” para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad, con el fin de amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios de la energía.
En las conclusiones aprobadas en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, los dirigentes comunitarios destacan que la escalada bélica está teniendo un “impacto inmediato” en las tarifas energéticas que afrontan ciudadanos y empresas en toda la UE, en un contexto de fuertes tensiones regionales y riesgos sobre corredores clave como el estrecho de Ormuz.
Por este motivo, los Veintisiete han instado al Ejecutivo comunitario a presentar una “caja de herramientas” con actuaciones urgentes que permitan intervenir “en todos los componentes del precio de la electricidad” para propiciar una rebaja a corto plazo, considerando las particularidades de cada país y sin distorsionar las señales de inversión imprescindibles para las energías renovables y de bajas emisiones de carbono.
En este marco, los líderes han reabierto la discusión sobre el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), al que señalan como uno de los elementos que influyen en la factura energética, junto con el coste de los combustibles y la carga fiscal.
Aunque el Consejo Europeo mantiene de momento el calendario de revisión previsto para julio de este año, el debate ha puesto de manifiesto una brecha creciente entre los Estados miembro sobre el grado de flexibilidad que debería introducirse en el ETS ante el repunte de los precios de la energía.
Posturas enfrentadas entre los Veintisiete
Un grupo de países, entre ellos Italia, Polonia o Alemania, aboga por introducir ajustes en el sistema para mitigar el impacto sobre la industria y los consumidores, e incluso plantea medidas complementarias como recortes de impuestos o apoyos específicos a los sectores con mayor consumo energético.
En el lado opuesto, Estados como España, Portugal o los nórdicos defienden mantener el ETS como herramienta central de la política climática de la Unión, al considerar que suavizarlo podría comprometer la transición energética y reforzar la dependencia de los combustibles fósiles.
“España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos”, ha remarcado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre.
En la misma línea, ha alertado de que algunos gobiernos están utilizando la crisis para “poner en cuestión” las políticas climáticas y ha insistido en reforzarlas como parte esencial de la respuesta. “Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables, están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores”, ha insistido.
Queda por determinar cómo se afrontará la revisión de este mecanismo, al que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, atribuye un papel decisivo en la reducción de las emisiones industriales y sobre el que admite la necesidad de conservar los avances logrados.
‘Una Europa, un mercado’: nueva agenda para la competitividad
El debate energético se inserta en una reflexión más amplia sobre la competitividad europea, que los jefes de Estado y de Gobierno han abordado bajo la nueva agenda “Una Europa, un mercado”, con la que pretenden relanzar políticamente la integración del Mercado Único y suprimir trabas internas.
En este marco, los líderes han acordado una hoja de ruta con objetivos concretos para los próximos meses, entre ellos la presentación en junio de este año de una declaración electrónica común para empresas, dentro de los esfuerzos por simplificar procedimientos y facilitar la actividad transfronteriza.
El calendario contempla también progresos este año en ámbitos clave como el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales en otoño y la publicación en verano de un informe sobre la competitividad del sector bancario, así como la puesta en marcha antes de final de año del llamado “régimen 28” o “EU Inc” para favorecer la operativa de las compañías en el mercado único.
Paralelamente, los Veintisiete se comprometen a impulsar la digitalización y la simplificación administrativa, con proyectos como el “European Business Wallet”, y piden reducir las cargas burocráticas tanto a nivel europeo como nacional, evitando nuevas obligaciones durante el proceso legislativo y conteniendo la sobrerregulación por parte de los Estados miembro.
La agenda vincula además la competitividad con la política industrial y de inversión, al incluir iniciativas como la aprobación de un paquete de redes energéticas, el desarrollo del euro digital, el fomento de la titulización y de los sistemas de pensiones complementarias, así como una futura Ley de Aceleración Industrial destinada a reforzar la base productiva europea.