La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha alertado de que el régimen talibán no ha relajado en absoluto, durante 2025, su campaña para limitar al máximo la vida diaria de las mujeres afganas. Así lo detalla en su informe sobre Derechos Humanos difundido este sábado, con especial foco en los últimos meses del año anterior.
Según el documento, el 31 de diciembre se cumplieron 115 días desde que una mujer afgana accediera por última vez a una instalación de Naciones Unidas. El personal femenino afgano de la ONU continúa desempeñando sus funciones desde el domicilio y mediante fórmulas de trabajo alternativas, de acuerdo con la UNAMA. Además, a mujeres y niñas se les impide cursar estudios superiores desde el 20 de diciembre de 2022 y acceder a la formación en institutos de medicina desde el 2 de diciembre de 2024.
Las restricciones también alcanzan al modo de vestir. A comienzos de noviembre, en la provincia de Herat, inspectores del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio empezaron a imponer a las mujeres el uso obligatorio del burka en espacios públicos. Aquellas que no cumplían con esta prenda veían vetada su entrada a hospitales, centros sanitarios, dependencias estatales y salones de bodas.
Posteriormente, esta exigencia se suavizó parcialmente; sin embargo, las autoridades talibán mantienen la obligación de que las mujeres vistan chador en la vía pública, una prenda que solo deja visible el rostro de la mujer, “e impiden que quienes no lo lleven utilicen el transporte público y acudan a clínicas, hospitales, oficinas gubernamentales y otros lugares públicos”.
Violencia y castigos corporales
La UNAMA ha documentado múltiples episodios de violencia de género, entre ellos matrimonios forzados, pese al decreto sobre los derechos de las mujeres del 3 de diciembre de 2021, que prohíbe expresamente estas uniones. En uno de los casos recogidos, un tribunal ordenó a la Policía detener a una menor que se negó a aceptar un matrimonio forzado, y la joven continúa recluida en una prisión provincial.
El informe también subraya que los talibán prosiguen con la aplicación de castigos corporales “por orden judicial” en actos públicos, de manera semanal. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMA registró penas corporales dictadas por tribunales contra, al menos, 287 personas, de las cuales 30 eran mujeres.
En una escueta reacción al documento, el portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saiful Salam Jáiber, manifestó a la cadena TOLO su rechazo a “algunas partes” del informe, que “distan mucho de la realidad y contradice la realidad del país”.