En un contexto de dificultades económicas y energéticas, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha firmado una ley que asegura el abastecimiento directo de combustible. Sin embargo, ha advertido sobre las consecuencias inmediatas debido al alto costo del combustible importado. Esta medida surge en un momento de notable escasez.
La iniciativa legislativa, propuesta por la oposición, logró el respaldo del parlamento el viernes. Aunque Arce ha señalado los posibles inconvenientes de la ley, que permite la importación libre de diésel y gasolina durante 90 días, la propuesta fue aprobada.
“Es importante que el pueblo boliviano sepa que la libre importación y comercialización absoluta que se establece en esta ley, generará que el precio de la venta de combustible sea más elevado que el que se comercializa en gasolineras con subvención, y que esto se vaya generalizando provocará que el efecto sobre la economía de las familias bolivianas sea inmediato”, señaló Arce en un comunicado.
La ley también destaca que las estaciones de servicio ofrecerán combustibles de importación en situaciones donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no pueda satisfacer toda la demanda. Aunque la ley ha sido impulsada por varios sectores, otros la han criticado por considerarla ambigua y poco planificada.
“Más allá de las diferencias políticas y ciertas observaciones que realizamos a la ley que hoy estamos promulgando, (…) no saboteamos ni bloqueamos iniciativas sancionadas por otro órgano del Estado cuando se considera que estas podrían contribuir a solucionar un problema que atravesamos”, explicó Arce.
Arce también recordó que durante su gobierno se han adoptado medidas similares para permitir la importación de carburantes por parte de sectores privados, tanto para uso directo como para su comercialización.
En el período previo a las elecciones presidenciales, la crisis económica ha sido un tema central. Los indicadores económicos muestran un descenso considerable en el consumo frente a una canasta básica cada vez más costosa, exacerbada por la falta de divisas y combustibles, lo que se manifiesta en extensas filas en las gasolineras.
La escasez de dólares ha fomentado un mercado cambiario paralelo, ampliando la brecha con la tasa oficial, lo que ha devaluado la moneda y reducido el poder adquisitivo de las familias bolivianas; mientras tanto, la inflación afecta la industria alimentaria con incrementos de hasta el 30 por ciento.
















