La excandidata de Revolución Ciudadana (RC) Luisa González ha rechazado este miércoles el registro efectuado por la Fiscalía de Ecuador en su vivienda, dentro de una investigación por presuntos fondos procedentes de Venezuela para sufragar su campaña de 2023. La dirigente ha sostenido que las autoridades buscan "tapar la corrupción" del actual Ejecutivo y ha intentado trasladar la responsabilidad hacia la exdirigente de su propia formación, Marcela Aguiñaga.
"Allanan mi domicilio y no sabemos si lo hacen para tapar la corrupción de este Gobierno", ha alegado en una intervención en la sede de su partido de la que ha compartido en redes sociales varios fragmentos en los que vincula a múltiples figuras cercanas al presidente y a su Ejecutivo con el narcotráfico, lamentando que no se hayan producido allanamientos en estos casos.
Asimismo, ha instado a los agentes de la Fiscalía a dirigirse al Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia y del Gobierno, si "quieren algún delito", aunque ha asegurado que no encontrarían a nadie "porque el turista (...) nunca está", en alusión a Noboa y a su agenda exterior.
Al hilo, González ha tachado al Ejecutivo de ser "el Gobierno de la corrupción (...), del tráfico de cocaína (y) de la muerte", calificando al mandatario de "niño llorón" y acusándolo de "salir corriendo" del país cuando el electorado ecuatoriano rechazó las cuatro propuestas presentadas por el Gobierno en el referéndum constitucional y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.
"La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie", ha defendido paralelamente, alegando que Noboa y la Fiscalía "quieren eliminar a los opositores", según ha recogido el diario “Primicias”.
La operación, enmarcada en el denominado caso “Caja Chica”, ha incluido también el registro de los domicilios del diputado de RC Patricio Chávez y de Andrés Aráuz, compañero de fórmula de González en las presidenciales de 2023 y antiguo líder de la organización, además de candidato en 2021. En total, son ocho las personas bajo la lupa por una supuesta financiación irregular de la campaña de 2023, en la que González perdió en segunda vuelta frente al ahora presidente, Daniel Noboa.
Con todo, González --que en caso de ser declarada culpable de delincuencia organizada para blanquear dinero recibiría una sentencia de hasta 30 años de cárcel-- ha desviado la acusación a quien entonces era la presidenta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga.
Ésta, por su parte, ha lamentado que "la política" haya vuelto a caer en "acusaciones y allanamientos" y ha rechazado la acusación alegando que no fue parte del equipo de campaña y que ya había renunciado a la presidencia del partido cuando se presentaron las cuentas electorales de la formación, según ha recogido el diario “El Telégrafo”.
Se trata del segundo caso que se le abre a la campaña de González, quien dejó de ser secretaria general del partido el 18 de enero. Ese mismo día, recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por unas presuntas infracciones en la financiación y los gastos electorales durante la campaña.