El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha frenado este jueves con un veto la iniciativa legislativa que buscaba recortar de forma sustancial las condenas impuestas a los participantes en el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el exmandatario Jair Bolsonaro. Lo ha hecho en un acto celebrado con motivo del tercer aniversario de los ataques del 8 de enero contra las sedes de los poderes del Estado en Brasilia.
“El ocho de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad popular”, ha subrayado Lula, aludiendo a que la conspiración golpista contemplaba un plan para asesinarle a él y a otras altas autoridades del país.
El veto se ha rubricado al término de una ceremonia en el Palacio del Planalto, donde Lula, arropado por miembros de su Gabinete y otras autoridades, ha puesto en valor la solidez de la democracia brasileña en estos tres años y el papel desempeñado por el Tribunal Supremo en el enjuiciamiento de los golpistas pese a las fuertes presiones recibidas.
“Posiblemente la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio a los golpistas por el Tribunal Supremo”, ha indicado el jefe del Estado, recalcando que todos los procesados contaron con garantías de defensa en un sistema transparente que los juzgó a partir de “fuertes pruebas”.
“No aceptamos ni una dictadura civil, ni una dictadura militar”, ha insistido Lula en su intervención, en la que también ha reivindicado los avances económicos y sociales de su administración desde su retorno al poder hace ahora tres años.
En esa línea, ha celebrado que las proyecciones más negativas lanzadas tras su regreso “han sido derrotadas” y ha lanzado un aviso a la oposición de cara a las elecciones de este año: si continúan “apostando por el pesimismo, perderán otra vez”.
“Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”, ha concluido Lula, muy ovacionado por los asistentes, antes de salir a saludar a las personas congregadas en las inmediaciones de la sede del Ejecutivo, situada en la plaza de los Tres Poderes, escenario de los asaltos del 8 de enero de 2023.
Tal como se anticipaba, Lula ha remitido de vuelta al Congreso el proyecto que ambas cámaras avalaron a finales de 2025, lo que supone un revés para el propio Gobierno, frontalmente contrario a cualquier norma que ponga en cuestión la aplicación de las penas a los considerados líderes de la intentona golpista.
“Con todo el respeto al Congreso Nacional, en cuanto llegue a mi despacho, lo vetaré, no es ningún secreto”, recordó en su momento el presidente, quien reiteró que “quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos contra el país”.
El Congreso todavía puede revertir el veto presidencial. Para ello necesita el respaldo de 257 de los 513 diputados de la Cámara Baja y de 41 de los 81 senadores. Si se alcanzaran esas mayorías, el texto entraría en vigor como ley, aunque podría ser recurrido posteriormente por el Ejecutivo, la Fiscalía, los partidos políticos o entidades de la sociedad civil.
La propuesta, que obtuvo el apoyo de 291 diputados y 48 senadores, contempla recortes de condena de hasta el 70 por ciento en determinados supuestos. En el caso de Bolsonaro, que ya cumple una pena efectiva de 27 años de prisión, el mínimo de siete años en régimen cerrado podría reducirse a dos años y cuatro meses.