El brazo político del Movimiento 23 de Marzo (M23) ha vuelto a denunciar este viernes una oleada de ataques contra civiles en las «zonas densamente pobladas» que controla en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo (RDC), pese a los últimos pasos diplomáticos para tratar de frenar la violencia en la región.
En un comunicado difundido en su perfil de la red social X, la estructura política de la milicia, la Alianza del Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), ha responsabilizado de estos bombardeos a uno de los principales socios militares del Gobierno congoleño, Burundi, desde cuyo territorio se estarían lanzando ataques transfronterizos contra ambas provincias.
Según la AFC, «las bombas lanzadas desde territorio de Burundi llevan cayendo sin cesar desde hace más de tres días sobre nuestras ciudades, matando a inocentes e hiriendo a numerosos compatriotas», una ofensiva que la organización describe como una «agresión repetida y deliberada constituye crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad».
La alianza político-militar ha puesto como ejemplo el ataque contra la localidad de Kamaniola, en Kivu Sur, donde uno de estos bombardeos habría causado la muerte de cuatro personas y dejado al menos dos heridos graves. La AFC sostiene que entre las víctimas mortales figuran dos menores de tres y once años. «La AFC/M23 reafirma su apoyo a la población civil y reitera su compromiso inquebrantable de protegerla y defenderla por todos los medios», ha subrayado en su nota.
En el mismo texto, la organización ha aprovechado para acusar a las autoridades de Kinshasa de haber saqueado de manera sistemática los territorios que ahora se encuentran bajo la influencia del M23, incluida Bukavu, capital de Kivu Sur. «Todos los activos estatales han sido vendidos de forma ilegal por el régimen de Kinshasa», ha denunciado la AFC, que habla de un expolio generalizado de bienes públicos.
Un acuerdo de paz con escaso impacto sobre el terreno
Las acusaciones se conocen apenas un día después del acuerdo suscrito el jueves entre la RDC y Ruanda, dos países que se responsabilizan mutuamente de alimentar el conflicto en el este congoleño. Este entendimiento forma parte de un proceso más amplio de negociaciones de paz que, por el momento, apenas ha logrado traducirse en mejoras tangibles para la población afectada por los combates y el desplazamiento forzoso.
Entre los objetivos centrales de estas conversaciones figura el retorno de cientos de miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la escalada bélica. De acuerdo con la última actualización de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), entre julio y octubre de este año más de 886.000 personas se han sumado a las listas de desplazados internos en las cuatro provincias orientales del país.
En ese periodo, la OCHA ha registrado 263.000 nuevos desplazados en Ituri, 123.600 en Kivu Sur, 474.000 en Kivu Norte y 26.300 en Tanganica, lo que refleja la intensidad y extensión del conflicto en esta franja del territorio congoleño.
El organismo de Naciones Unidas ha identificado también movimientos de retorno de población que, sobre el papel, podrían interpretarse como un dato alentador: alrededor de medio millón de personas habrían regresado a sus zonas de origen, con 72.000 retornados en Ituri, 67.400 en Kivu Sur y 318.000 en Kivu Norte. Sin embargo, la OCHA advierte de que estos retornos se producen en contextos donde la situación humanitaria «es desastroso» y que desplazamientos y regresos de tal magnitud «terminan por empeorar la situación» al tensionar aún más unos recursos ya de por sí muy limitados.