La Asociación Madres de Plaza de Mayo, histórico colectivo argentino de Derechos Humanos surgido en 1977 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, ha reclamado la puesta en libertad de la dirigente indígena Milagro Sala. La activista fue sentenciada en 2025 por malversación de fondos públicos en el marco del caso “Pibes Villeros”, una causa en la que también figuran implicados altos cargos provinciales y responsables de cooperativas.
En una nueva concentración celebrada en el centro de Buenos Aires, capital del país, los asistentes, encabezados por la presidenta de la organización, Carmen Arias, han exigido la libertad de Sala y de otros “presos políticos” en Argentina.
La líder social lleva una década privada de libertad, una situación que sus defensores han calificado de “arbitraria”. A las protestas se han sumado familiares de desaparecidos, que reclaman el respeto pleno de los Derechos Humanos para toda la ciudadanía argentina.
Arias ha denunciado el caso de Sala y ha subrayado que constituye una “vergüenza” y un “atropello” a sus derechos y libertades esenciales. Paralelamente, informes médicos señalan que la dirigente presenta serios problemas de salud, motivo por el que sus allegados reclaman su liberación inmediata.
La propia Sala sostiene que es víctima de una persecución por haber cuestionado las políticas promovidas por anteriores gobiernos. En 2017 ya había sido sentenciada a tres años de cárcel por instigar escraches contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En cambio, fue absuelta del delito de tentativa de homicidio por la supuesta contratación de sicarios para asesinar a un hombre en 2007.
Túpac Amaru, la organización que encabeza Sala, es un sindicato de base indígena vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). La agrupación afirma contar con 70.000 afiliados y presencia en 15 de las 23 provincias que integran la nación austral.