QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La magistrada Waverly Crenshaw ha puesto en duda las motivaciones detrás de la acusación formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Kilmar Ábrego, sugiriendo que podrían ser “vengativas”. Este cuestionamiento surge después de que Ábrego fuera deportado incorrectamente a El Salvador durante la gestión de Donald Trump, tras lo cual presentó una demanda.
“La moción de Ábrego no está lista para decisión porque solicita el descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria, debido a que existe cierta evidencia de vengatividad en este caso. El Tribunal sostiene que la totalidad de los hechos crea una base probatoria suficiente para concluir que existe una ‘probabilidad realista de vengatividad’, lo cual da derecho a Ábrego a obtener descubrimiento de pruebas y requiere una audiencia probatoria antes de que el Tribunal decida sobre su moción”, indica un memorando de Crenshaw.
Según la jueza de Nashville, Tennessee, parece haber una alta probabilidad de que el enjuiciamiento de Ábrego fuera más una represalia por impugnar su deportación que un acto de justicia legítimo. Todd Blanche, fiscal general adjunto, había indicado en una entrevista con Fox News que la acción legal contra Ábrego comenzó tras un veredicto que cuestionaba la legalidad de su expulsión, afirmando que el Gobierno “no tenía derecho a deportarlo”.
Blanche también comentó que Ábrego fue traído de vuelta a Estados Unidos para “enfrentar la justicia”, lo que para Crenshaw es una señal de posibles motivos ulteriores. Además, advirtió que si se confirmara que los cargos tienen como base la demanda civil de Ábrego contra la Administración Trump, podría constituir una infracción a su derecho al debido proceso.
“Por ahora, el Tribunal concederá la solicitud de Ábrego de descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria”, finaliza el documento. Ábrego, nativo de El Salvador y residente en Maryland, fue deportado en marzo a pesar de una sentencia de 2019 que lo protegía de la expulsión. Tras ser encarcelado en El Salvador y luchar legalmente, la Corte Suprema ordenó su retorno a Estados Unidos. En junio, fue acusado en Tennessee de supuestamente participar en una red de tráfico de personas, aunque en agosto fue liberado por la jueza Barbara Holmes, añadiendo un nuevo capítulo a este destacado caso.
