Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, ha comunicado la destitución completa de su gabinete este lunes, tras las violentas manifestaciones juveniles en respuesta a los persistentes cortes de servicios básicos, que resultaron en al menos 22 fallecidos y cerca de un centenar de heridos debido a la acción represiva de la policía.
En una alocución transmitida por la televisión estatal TVM, Rajoelina admitió: «Quizás no hayamos satisfecho las necesidades que ansiabais, o ni siquiera hayamos escuchado los gritos y temores que habéis experimentado». Durante su discurso, el presidente expresó su voluntad de dialogar con los manifestantes jóvenes y anunció medidas de apoyo para los negocios afectados por los saqueos. La semana pasada, estableció un toque de queda para intentar controlar el desorden que incluyó bloqueos en carreteras y actos vandálicos, que no estaban directamente relacionados con las protestas, y destituyó al ministro de Energía, Olivier Jean Baptiste.
Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la severa represión y ha instado al gobierno de la isla a «garantizar el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional». Además, ha solicitado el cese del «uso innecesario y desproporcionado de la fuerza» por parte de las fuerzas de seguridad y la liberación de los detenidos «arbitrariamente».
En un comunicado, Turk enfatizó que «las armas solo pueden ser utilizadas por los agentes del orden cuando sea estrictamente necesario para proteger vidas y prevenir lesiones graves ante una amenaza inminente». También ha exigido una investigación «rápida, exhaustiva, independiente y transparente» sobre los actos de violencia y que se haga justicia con los culpables.
Las protestas, que se extendieron a la capital, Antananarivo, y otras ocho ciudades, se caracterizaron por el uso de «gases lacrimógenos» y munición real por parte de las autoridades.