Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ha rechazado la reciente legislación migratoria propuesta por el ejecutivo, que imponía condiciones más estrictas para la reagrupación familiar y los permisos de residencia a hablantes de portugués, tras una decisión del Tribunal Constitucional que invalidó varias cláusulas por ser anticonstitucionales.
«Tras la sentencia de hoy del Constitucional, que declaró inconstitucionales cinco disposiciones que habían sido sometidas a control constitucional preventivo, el presidente devolverá a la Asamblea, sin promulgación (…), el decreto (…) sobre el régimen jurídico de la entrada, estancia, salida y expulsión de los extranjeros del territorio nacional», indicó un comunicado de la oficina de Rebelo de Sousa.
Previamente, el tribunal había excluido las normas sobre la reagrupación familiar, especialmente aquella que solo permitía la reagrupación con menores de edad que hubieran ingresado legalmente y residieran en Portugal. José Joao Abrantes, presidente del Constitucional, mencionó que omitir al cónyuge o pareja equivalente podría provocar la desintegración familiar y resultar en la separación de los familiares del extranjero, lo cual infringe los derechos constitucionales, según reportes de la agencia Lusa.
Además, se declaró inconstitucional la exigencia de que para solicitar la reunificación familiar, un extranjero deba haber residido legalmente en el país por al menos dos años, ya que «La imposición de un plazo (…) es incompatible con la protección constitucional que se debe a la familia». No obstante, se validó la norma que permite la reagrupación familiar para permisos de residencia específicos, como los de enseñanza, inversión o actividades culturales.
El PSD anunció que revisará la sentencia para ajustar la legislación a los requisitos constitucionales, mientras que André Ventura de Chega criticó el fallo alegando que refleja un «espíritu de izquierda» en las instituciones. Por su parte, los socialistas celebraron que la decisión reintroduce el «sentido común».
Esta decisión llega después de que Rebelo de Sousa enviara las disposiciones a revisión constitucional urgente a finales de julio, argumentando que podrían «restringir de forma desproporcionada y desigual el principio de unidad familiar y podrían no salvaguardar el interés superior del menor».