Marine Le Pen, la dirigente de Agrupación Nacional de tendencia ultraderechista, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con el objetivo de revocar una decisión judicial francesa que la inhabilita por cinco años debido a un delito de malversación de fondos, lo que pone en peligro su participación en las elecciones de 2027.
La política francesa ha pedido al tribunal que, de forma provisional, anule la sanción aplicada a finales de marzo por desviar fondos europeos ascendentes a 2,9 millones de euros. Esta acción judicial no solo implicó su inhabilitación, sino también una condena de cuatro años de cárcel, de los cuales dos deberán ser en libertad vigilada, y el pago de una multa de 100.000 euros.
La defensa de Le Pen se respalda en el artículo 39 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protege frente al «un riesgo inminente de causar un daño irreparable a un derecho protegido», como se menciona en una declaración recogida por la cadena BFMTV.
En resumen, Le Pen busca que el TEDH instruya a Francia a eliminar la prohibición de su participación electoral para prevenir una «violación grave e irreparable» de sus derechos y los de sus electores.
Adicionalmente, otros ocho legisladores de Agrupación Nacional fueron hallados culpables por el mismo delito, relacionado con la contratación de asistentes parlamentarios ficticios, mediante el cual se desviaron fondos por 2,9 millones de euros destinados al pago de empleados del partido entre los años 2004 y 2016.