Más de medio centenar de organizaciones no gubernamentales han arremetido este viernes contra la decisión del Gobierno israelí de cancelar las licencias de más de 35 ONG, advirtiendo de que esta medida puede paralizar gran parte de la ayuda humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados, en plena emergencia humanitaria, especialmente en la Franja de Gaza.
En total, 53 entidades han suscrito un comunicado conjunto en el que subrayan que “las ONG internacionales son parte integral de la respuesta humanitaria, trabajando en asociación con Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil palestina para entregar asistencia vital a la escala necesaria”, antes de recordar que tanto la ONU como los países donantes “han afirmado en repetida ocasiones que son indispensables para las operaciones humanitarias y de desarrollo y han pedido a Israel que dé marcha atrás”.
Las organizaciones firmantes recalcan que “a pesar del alto el fuego, las necesidades humanitarias siguen siendo extremas. En Gaza, una de cada cuatro familias sobrevive con una comida al día. Las tormentas invernales han desplazado a decenas de miles de personas, dejando a 1,3 millones de personas en necesidad urgente de refugio”, al tiempo que señalan que “las ONG internacionales entregan más de la mitad de la asistencia alimentaria en Gaza, gestionan o apoyan el 60 por ciento de los hospitales de campaña, encabezan cerca de tres cuartas partes de las actividades de refugio y actividades no alimentarias y dan todo el tratamiento a niños con desnutrición aguda grave”.
En este sentido, alertan de que “su expulsión provocará el cierre de instalaciones sanitarias, detendrá la distribución de alimentos, derrumbará el suministro de refugios y cortará la atención vital”. Añaden además que “en Cisjordania, las redadas militares y la violencia de los colonos siguen impulsando el desplazamiento. Mayores restricciones a las ONG internacionales reducirán drásticamente el alcance y continuidad de una asistencia vital en un momento crítico”.
Por ello, insisten en que “los esfuerzos” de Israel para proceder a la revocación o no renovación de licencias a ONG “a través de métricas selectivas” no reflejan de forma fiel “cómo se entrega la asistencia humanitaria en la práctica”. A su juicio, “el acceso humanitario debe ser medido a partir de si los civiles reciben la asistencia adecuada, en el lugar adecuado y en el momento adecuado”.
Las entidades recuerdan que “las ONG internacionales operan bajo marcos estrictos de cumplimiento fijados por los donantes, incluidas auditorías, controles de financiación antiterrorista, y requisitos de diligencia debida que cumplen los estándares internacionales”, y denuncian que “más de 500 trabajadores humanitarios” han muerto a raíz de la ofensiva de Israel sobre Gaza.
En la misma línea, recalcan que “las ONG internacionales no pueden entregar datos personales sensibles a una parte en conflicto, ya que sería una violación de los principios humanitarios, el deber de atención y las obligaciones sobre protección de datos”. Advierten también de que “las narrativas falsas deslegitiman a las organizaciones humanitarias, ponen en peligro al personal y socavan la prestación de asistencia”.
Subrayan que “este no es un asunto técnico o administrativo, sino una decisión política deliberada con consecuencias previsibles. Si se permite que caduquen los registros, el Gobierno israelí obstaculizará la asistencia humanitaria a gran escala”, al remarcar igualmente que “el acceso humanitario no es opcional, condicional ni político”, sino “una obligación legal en virtud del Derecho Internacional Humanitario”.
Según el comunicado, “esta medida sentaría además un precedente peligroso al extender la autoridad israelí sobre las operaciones humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados, contrariamente al marco jurídico internacionalmente reconocido que rige el territorio y al papel de la Autoridad Palestina”, por lo que exigen a Israel que revierta su decisión y “retire las medidas que obstruyen la entrega de ayuda humanitaria”.
Finalmente, piden a los gobiernos donantes que “usen todas las herramientas disponibles para lograr la suspensión y revocación de estas acciones”. A su juicio, “es necesario proteger las operaciones humanitarias independientes y basadas en principios para garantizar que la población civil reciba la asistencia que necesita con urgencia”.