El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, ha señalado este domingo que más de cien venezolanos que residen fuera del país han iniciado los trámites para acogerse a la normativa aprobada el pasado mes de febrero, que permite la excarcelación de quienes hayan cometido determinados delitos en Venezuela desde 1999.
“Desde la Comisión Especial, sabemos que hay más de 100 casos de personas que, con un apoderado, tal como el artículo 7 de la ley lo establece, han solicitado la amnistía y están fuera del país”, ha indicado Arreaza en una entrevista concedida a la cadena TeleSur.
A continuación, el responsable de la comisión ha subrayado que ya está en marcha la fase en la que los jueces “en cada caso hayan analizado y den su respuesta”, y ha expresado su deseo de que “la inmensa mayoría de esa respuesta” se ajuste a los supuestos recogidos en la ley y “puedan regresar al país”. Según ha remarcado, a estas personas se les garantizarán “todos sus derechos”, “no podrán ser detenidos”, comparecerán ante el tribunal y “se les darán sus beneficios”.
En este contexto, y sin revelar identidades concretas, Arreaza ha afirmado que conoce “algunos casos de personas que estuvieron en la oposición más extrema” y que han expresado “su voluntad de hacer política por la vía constitucional”, que han “reconocido sus errores y criticado con mucha fuerza al Gobierno” y su “propuesta de hacer país”, pero que desean volver y “hacer política en paz”.
Por otro lado, el dirigente ha detallado que se han recibido en total 13.685 peticiones de amnistía y que, tras un proceso de depuración para eliminar duplicidades, la cifra definitiva quedó en 11.401 expedientes. De ese conjunto, se ha dado “respuesta con libertades” a 8.073 personas, de las cuales 260 estaban entonces encarceladas y hoy se encuentran “en libertad plena con el delito extinto”.
Asimismo, ha indicado que de las 7.813 personas que desde los años 2013, 2014 o 2017, aproximadamente, estaban sometidas a un “régimen” de presentaciones periódicas ante los tribunales, “ya están en libertad plena, sin delito”, con la salvedad de “algunos casos todavía en proceso”.
Al defender la Ley de Amnistía como instrumento para “romper” el “ciclo de violencia política”, Arreaza ha recalcado que con esta norma “se extingue el delito penal, se borra de los registros policiales de los antecedentes penales”, excepto en los supuestos de delitos muy graves que la propia ley excluye, ofreciendo así una “nueva oportunidad de hacer política de manera civilizada”.