El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, considerada la principal entidad de Estados Unidos dedicada a la defensa del patrimonio, ha interpuesto una demanda contra el presidente Donald Trump con el objetivo de bloquear la culminación de su ambicioso salón de bailes y actos en el ala este de la Casa Blanca. Esta zona ha sido ya demolida para levantar una nueva estructura valorada entre 170 y 260 millones de dólares, que supone una modificación de gran calado en la configuración de la residencia presidencial.
La institución, creada por el Congreso estadounidense, ha detallado en una nota remitida a diversos medios del país que el recurso judicial pretende forzar cambios en el proyecto, después de que sus anteriores requerimientos por carta para detener las obras y activar dos procedimientos formales, uno de revisión y otro de consulta pública, quedaran sin respuesta por parte de la Administración.
“La Casa Blanca es posiblemente el edificio más evocador de nuestro país y un símbolo mundialmente reconocido de nuestros poderosos ideales estadounidenses. Como organización encargada de proteger los lugares donde se desarrolló nuestra historia, el National Trust se vio obligado a presentar esta demanda”, ha manifestado en el comunicado la presidenta y directora ejecutiva del grupo, Carol Quillen.
En la querella, Trump aparece como demandado junto al Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior y la Administración de Servicios Generales. El asunto ha sido asignado al juez federal Richard Leon, nombrado en su día por el expresidente George W. Bush, que será el encargado de evaluar los argumentos de las partes.
En declaraciones iniciales a la cadena CNN, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, ha minimizado el alcance del litigio y ha defendido que “el presidente Trump tiene plena autoridad legal para modernizar, renovar y embellecer la Casa Blanca, tal como lo hicieron todos sus predecesores”.
La normativa actual permite al presidente ordenar el derribo de partes del complejo sin requerir el informe previo de una comisión evaluadora: la Ley Nacional de Preservación Histórica excluye expresamente a la Casa Blanca de este trámite preliminar, que sí habría sido obligatorio si la intervención hubiera afectado al edificio del Tesoro, catalogado además como Sitio Histórico. El examen más relevante llegará en una fase posterior, cuando el diseño definitivo de la obra deba someterse a la valoración de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.
Los planes de Trump pasan por cortar la cinta del nuevo Salón de Bailes de Estado de la Casa Blanca antes de que concluya su segundo mandato, previsto para 2029. Según la propia Administración Trump, el proyecto contempla una superficie aproximada de 8.300 metros cuadrados, una extensión que, sobre el papel, casi duplicaría el tamaño total de la residencia actual, de modo que todo apunta a que el cálculo incluye varias plantas subterráneas destinadas a albergar la cocina y sus zonas de almacenamiento.










