Un tribunal de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha dictaminado este miércoles que Meta y Google deberán pagar conjuntamente hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) en concepto de indemnización por daños y perjuicios a una joven que sostiene que su dependencia de las redes sociales de ambas tecnológicas desencadenó una grave crisis de salud mental.
La resolución del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito fija que Meta —matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otras plataformas— asuma el pago principal, cifrado en 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros), mientras que Alphabet —compañía matriz de Google— deberá abonar otros 900.000 dólares (778.500 euros), según ha informado la agencia Bloomberg.
El procedimiento no ha concluido todavía, ya que el jurado debe escuchar nuevos argumentos antes de pronunciarse sobre la posible imposición de daños punitivos adicionales a ambas corporaciones, que se sumarían a las compensaciones económicas ya fijadas.
La demandante, Kaley G. M., sostiene que empezó a consumir vídeos en YouTube con tan solo seis años y que comenzó a utilizar Instagram a los nueve. Atribuye a estas plataformas distintos perjuicios, entre ellos episodios de ansiedad, depresión y dismorfia corporal.
“Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños”, señalaron sus abogados en un comunicado en el que celebran el “mensaje inequívoco” que, a su juicio, envía el veredicto.
Las compañías, por su parte, han mostrado su rechazo a la decisión judicial. Meta ha afirmado en una nota que “respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales”. A su vez, el portavoz de Google, José Castañeda, ha criticado que “este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming diseñada de forma responsable, no una red social”.
Este mismo año está previsto que un tribunal estatal de California celebre juicio por otros dos casos de gran relevancia sobre la responsabilidad de las grandes tecnológicas en este ámbito. Las demandas han sido interpuestas por menores, adolescentes y jóvenes adultos —en ocasiones a través de sus progenitores, hermanos u otros familiares— y se apoyan en acusaciones de sufrimiento psicológico, discapacidad física y fallecimientos por suicidio.