El Gobierno de México ha comunicado este miércoles el fallecimiento de trece personas de nacionalidad mexicana durante operativos o mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en el contexto del incremento de sus actuaciones en este segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.
El subsecretario para América del Norte del Ministerio de Exteriores, Roberto Velasco, ha indicado que se han registrado hasta catorce notas de protesta formales ante las autoridades estadounidenses, que por su parte han asegurado que en todos los expedientes se han puesto en marcha las investigaciones correspondientes.
“Naturalmente estaremos dando un seguimiento muy puntual” de estos hechos, ha subrayado Velasco. “Nos parece inaceptable”, ha remarcado este miércoles durante su participación en la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Hay casos que son absolutamente desoladores”, ha insistido el subsecretario, quien ha precisado que las posibles causas de los decesos abarcan desde complicaciones médicas y suicidios hasta incidentes ocurridos en medio de los operativos, entre ellos un tiroteo.
Velasco ha añadido que las víctimas tenían edades comprendidas entre los 19 y los 69 años y que, en todo momento, el Gobierno mexicano ha ofrecido asesoría jurídica y apoyo económico a los familiares para facilitar el traslado de los cuerpos a México.
Esta misma semana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informó en un reporte que las familias mexicanas de personas migrantes constituyeron el grupo con mayor número de detenciones por parte de las fuerzas del orden estadounidenses durante 2025, por delante de ciudadanos venezolanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Según ese documento, fueron arrestadas hasta 30.034 familias mexicanas. Las personas originarias de México se mantuvieron como el principal colectivo nacional detenido en territorio estadounidense, al concentrar una proporción notablemente más elevada de registros por parte de las autoridades fronterizas.