Las autoridades mexicanas han reclamado explicaciones al Gobierno de Estados Unidos tras el fallecimiento de un ciudadano de México que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un centro de detención para migrantes en el estado de Georgia, en un contexto de crecientes denuncias sobre el proceder de los agentes de este organismo en territorio estadounidense.
El Consulado de México en Atlanta confirmó la muerte de esta persona el 14 de enero en el centro de detención Robert A. Deyton, en el condado de Clayton, y detalló que estableció “contacto inmediato” con los familiares de la víctima tanto en Estados Unidos como en México, “a quienes se les brinda acompañamiento, orientación y asistencia consular”.
En su comunicado, la representación consular subrayó que “se mantiene comunicación con la oficina de campo del ICE en Atlanta. En coordinación con las autoridades estadounidenses competentes, el Consulado ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del hecho y colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de forma pronta y transparente”.
Asimismo, el Consulado indicó que “se llevarán a cabo los procesos conducentes para realizar la repatriación de los restos del connacional a México a la mayor brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares”, al tiempo que expresó sus “sinceras condolencias” a los allegados del fallecido. Por el momento, las autoridades de Washington no han emitido una reacción pública sobre este caso.
Los datos disponibles señalan que al menos cuatro personas han perdido la vida bajo custodia del ICE en lo que va de año, mientras que la cifra total se elevó a 30 durante 2025, en medio de fuertes críticas contra este organismo, pieza central de la política de deportaciones impulsada por la Administración de Donald Trump.
El ICE se ha visto sometido a un intenso escrutinio público, especialmente en la última semana, tras la muerte a tiros de una mujer en Minnesota a manos de un agente del servicio, un suceso que fue respaldado por la Casa Blanca y el Gobierno federal, pero condenado por autoridades locales. El incidente quedó grabado en vídeo y la víctima no representaba una amenaza, lo que ha avivado aún más las críticas.