Min Aung Hlaing, líder de la junta militar que controla Birmania desde el golpe de 2021, se proclamó el jueves presidente interino y comunicó que las elecciones se realizarán probablemente en diciembre, marcando un cambio importante en el liderazgo del país.
Aunque previamente había indicado que las votaciones se efectuarían a finales de este año o a inicios de 2026, su designación como presidente fortalece su posición de poder, de acuerdo con lo reportado por el medio local Myanmar Now.
Para avanzar con su plan, Hlaing estableció una comisión militar, disolviendo el Consejo Estatal de Administración (SAC), que hasta ahora había sido el principal órgano gubernamental de la junta. En su lugar, la nueva Comisión Estatal para la Paz y la Seguridad, dirigida por el recién nombrado presidente y líder militar, tomará el mando.
Este cambio no solo modifica la estructura de la junta, sino que también busca consolidar el control militar sobre el proceso electoral, reforzando la influencia del Ejército en la política del país. La comisión estará integrada por diez miembros activos y exgenerales de las fuerzas armadas birmanas.
Además, la junta militar ha levantado el estado de emergencia que regía en el país, preparándose para unas elecciones que ya han sido objeto de críticas y boicots por parte de grupos opositores, según un comunicado oficial.
Critican al Ejército por abusos y violaciones y advierten que el próximo proceso electoral es un ‘fraude’ que pretende perpetuar en el poder a la actual cúpula militar. Resaltan la necesidad de adoptar medidas para garantizar la ‘exitosa’ realización de las elecciones.
La ONU reporta que los conflictos han forzado el desplazamiento de 3,5 millones de personas en un país que enfrenta creciente inseguridad alimentaria, con más de 1.800 civiles fallecidos solo en 2024 debido a la violencia.
El golpe de Estado de 2020 fue una respuesta del Ejército a los resultados de las elecciones generales de noviembre de ese año, donde la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, ganó la mayoría parlamentaria. El Ejército justificó el golpe alegando fraude electoral, algo que observadores internacionales han cuestionado.
La toma de poder fue seguida por una intensa represión contra opositores, activistas y manifestantes, exacerbando los enfrentamientos entre el Ejército y varios grupos rebeldes en distintas regiones del país.