Este viernes, el Ministerio Fiscal de Perú anunció su intención de solicitar la retirada del pasaporte a la exmandataria Dina Boluarte, con el objetivo de prevenir una eventual huida mientras continúan las investigaciones en su contra, incluyendo las relacionadas con la muerte de manifestantes durante las protestas de 2022 y 2023, y acusaciones de enriquecimiento ilícito.
El fiscal general, Tomás Gálvez, expresó en una entrevista con RPP la sorpresa ante la actitud del Congreso, pero confirmó que en breve pedirán medidas para evitar que Boluarte abandone el país, tras los rumores de un posible escape mediante alguna embajada.
Estos rumores han sido refutados por Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, quien declaró en su cuenta de X que «ella está en su casa; ese fue y será su paradero». Además, señaló que su clienta cooperará con los poderes del Estado de ser necesario.
«Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable», criticó Portugal, cuya clienta enfrenta hasta siete investigaciones por su casi trienal mandato, además de otras tres por incidentes previos a su ascenso tras el declive de Pedro Castillo.
Con la pérdida de inmunidad, Boluarte deberá responder a las siete investigaciones abiertas, siendo las más avanzadas las que investigan las 49 muertes en protestas recientes y un supuesto cohecho pasivo por poseer joyas y relojes de lujo. Otras causas, aún preliminares, incluyen supuesto abandono de funciones, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, participación en el traslado ilegal de Vladimir Cerrón y un pacto clandestino para mantener a un aliado en la policía.















