Reclusos de tres centros penitenciarios de Guatemala han protagonizado motines de forma simultánea y mantienen retenidas a 46 personas, entre ellas 45 trabajadores del sistema penitenciario y un psicólogo. El Ejecutivo atribuye la coordinación de estos disturbios a la pandilla Barrio 18 --considerada organización terrorista internacional por Estados Unidos--, cuyos miembros tratarían de recuperar antiguos privilegios dentro de las prisiones.
“Este Gobierno, esta Administración del Ministerio de Gobernación, en primer lugar, no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarle los privilegios con el objeto que depongan sus acciones”, ha sostenido el ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.
Los incidentes se han originado en los centros de “Fraijanes 2”, “Renovación 1” y en el sector 11 del “Centro de Detención Preventiva de la zona 18”, donde los internos han generado desórdenes y se han hecho con el control de varias áreas, manteniendo como rehenes a 46 personas en el interior de los recintos.
El Gobierno encabezado por Bernardo Arévalo ha ordenado el despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil, efectivos del Ejército y personal del Sistema Penitenciario con el objetivo de recuperar el control de las instalaciones y evitar posibles evasiones, mientras las cárceles continúan bajo dominio de los amotinados.
Villeda ha señalado que la revuelta estaría dirigida por uno de los líderes de Barrio 18, conocido como alias “El Lobo”, quien habría trasladado a las autoridades una serie de condiciones para poner fin a los motines. Entre sus demandas figurarían el cambio de cárcel para salir de “Renovación 1”, la colocación de aire acondicionado en su celda y la autorización para recibir comida de determinados restaurantes.
“Estas acciones son consecuencia de una política clara: en Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”, reza un comunicado del Ministerio de Gobernación de Guatemala.
En octubre, alrededor de una veintena de integrantes de Barrio 18 lograron escapar de una prisión, un hecho calificado de “inaceptable” por el presidente Arévalo, quien anunció el refuerzo de la seguridad en el sistema penitenciario —con apoyo del FBI— para corregir fallos estructurales y combatir la corrupción interna.
A raíz de esa fuga presentaron su dimisión el entonces ministro de Gobernación, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos y el viceministro de Seguridad. Asimismo, el Gobierno se comprometió a levantar una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para albergar hasta 2.000 internos.