La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha avisado este martes de que su labor humanitaria en la Franja de Gaza podría verse gravemente comprometida debido a las recientes normas de registro impuestas por las autoridades israelíes a la ayuda internacional. Estas exigencias administrativas amenazan con dejar a cientos de miles de palestinos sin acceso a servicios sanitarios el próximo año.
MSF, una de las principales entidades médicas presentes sobre el terreno en la Franja, ha subrayado que los nuevos requisitos, que contemplan la posible retirada del registro a las ONG extranjeras, les impedirían seguir proporcionando servicios esenciales a la población tanto de Gaza como de Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026.
Por ello, la organización ha pedido a las autoridades israelíes que garanticen que las ONG internacionales puedan mantener y reforzar su respuesta “imparcial e independiente” en Gaza, recordando que sus movimientos ya se encuentran “severamente restringidos” y que “no pueden seguir desmantelando todavía más” el sistema humanitario, en un contexto de devastación de la infraestructura sanitaria del enclave.
“Supondría un desastre para la población palestina”, ha advertido MSF, al recalcar que solo en 2025, con un presupuesto cercano a los 100 millones de euros, han atendido más de 100.000 casos de traumatismos, gestionado más de 400 camas hospitalarias, practicado 22.700 operaciones a casi 10.000 pacientes y realizado alrededor de 800.000 consultas ambulatorias, entre otras intervenciones.
De cara a 2026, la ONG ha reservado entre 100 y 120 millones de euros para su respuesta humanitaria en Gaza. Sin embargo, ha alertado de que, si finalmente se le deniega el acceso al enclave por decisión de las autoridades israelíes, una parte muy significativa de la población se quedará sin atención médica crítica, agua y otros apoyos vitales, ya que sus programas alcanzan actualmente a casi medio millón de personas.
En este contexto, MSF afirma que sigue buscando un “diálogo constructivo con las autoridades israelíes para continuar sus actividades”, mientras mantiene su apoyo a seis hospitales públicos y gestiona dos centros hospitalarios de campaña. Asimismo, respalda cuatro centros de atención sanitaria general y dirige un centro de hospitalización especializado en el tratamiento de la desnutrición. A ello se suman seis nuevos puntos sanitarios abiertos recientemente para ofrecer servicios básicos de salud.
Las nuevas normas establecen que las ONG que no estén registradas en Israel antes del 31 de diciembre deberán cesar sus operaciones en un plazo máximo de 60 días. El procedimiento de registro contempla varios motivos de denegación, entre ellos apoyar el enjuiciamiento de las fuerzas de seguridad israelíes ante tribunales internacionales o impulsar “campañas de desligitimación” contra Israel.
Mientras tanto, las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifran hasta la fecha en 70.900 los palestinos fallecidos y en 171.190 los heridos como consecuencia de la ofensiva israelí, incluidos más de 400 muertos y 1.100 heridos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor un nuevo alto el fuego en la Franja.
El acuerdo sellado en octubre contemplaba un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre —aunque marcado por bombardeos casi diarios por parte de Israel, que sostiene que actúa contra “terroristas”—, así como la entrega por parte de Hamás de rehenes vivos y fallecidos, a excepción de uno cuyo cuerpo continúa sin ser localizado en el enclave.
La segunda fase del pacto, aún pendiente de aplicación, prevé la creación de una autoridad temporal encabezada por Trump, encargada de supervisar la situación, junto con el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en la que se espera la participación de varios países. Por ahora no se han concretado detalles sobre su composición ni sobre aspectos clave como el calendario y las condiciones de una eventual retirada militar de Israel.