La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de que los ataques contra la atención sanitaria en contextos de guerra han alcanzado cifras sin precedentes, mientras las partes en conflicto "eluden cada vez más" sus responsabilidades en materia de Derecho Internacional Humanitario, a pocos meses de cumplirse el décimo aniversario de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de centros y personal médico.
MSF ha difundido el informe 'La atención médica en el punto de mira', en el que subraya que en 2025 el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 1.348 agresiones contra estructuras sanitarias, que provocaron la muerte de 1.981 personas, más del doble de las contabilizadas en 2024 (944).
Según este documento, Sudán fue el país más golpeado, con 1.620 profesionales médicos, trabajadores humanitarios y pacientes fallecidos. A continuación se sitúan Birmania, con 148 muertos; Palestina, con 125; Siria, con 41; Ucrania, con 19; y Sudán del Sur, con 16. Estos ataques han supuesto la destrucción de infraestructuras sanitarias clave y la paralización de tratamientos, dejando a "miles" de personas sin la posibilidad de recibir atención.
De "ataques por error" a "pérdida de protección"
El informe pone el foco en un giro en el discurso de los actores armados, que han pasado de justificar estas agresiones como "ataques por error" a invocar una supuesta "pérdida de protección" de las instalaciones médicas y humanitarias, así como de su personal, en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
"Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil", ha señalado Erik Laan, experto en incidencia política de MSF. La organización considera que esta tendencia es "evidente" tanto en las estadísticas como en las manifestaciones públicas de responsables gubernamentales y mandos militares.
Laan ha reconocido que "en algunos casos" estos ataques "pueden derivar de una interpretación errónea de las normas" del Derecho Internacional Humanitario, "que explota las ambigüedades", pero ha recalcado que la obligación de emitir advertencias "anticipadas y viables se ignoran con demasiada frecuencia".
Las partes enfrentadas también "parecen menos dispuestas a defender la protección contra ataque a los combatientes que están fuera de combate (y por ende protegidos por el Derecho Internacional), despojando en la práctica a esos individuos, así como a las instalaciones que los atienden, de sus salvaguardias legales".
Estados, principales responsables de los ataques en 2024
Los datos más recientes de la Coalición para la Protección de la Salud en Conflictos recogen en 2024 un total de 3.623 incidentes contra la atención sanitaria, lo que supone un incremento del 15% respecto a 2023 y del 62% en comparación con 2022. En torno al 81% de los episodios violentos contra centros y personal de salud en 2024 se atribuyeron a actores estatales.
La coordinadora de MSF España, Raquel González, ha subrayado que la implicación directa de los Estados en los conflictos armados "plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas".
MSF recuerda además que el personal local es el que sufre con mayor crudeza las consecuencias: supone el 98% de los trabajadores humanitarios asesinados, el 96% de los heridos y el 94% de los secuestrados. Entre 2021 y 2025, más de 1.240 personas murieron, alrededor de un millar resultaron heridas y unas 600 fueron secuestradas en distintos conflictos del planeta.
Una década después de la resolución de la ONU
La presentación de este informe coincide con la proximidad del décimo aniversario de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de instalaciones y personal sanitario, que reclamaba poner fin a la impunidad tras la presión del sector humanitario a raíz del bombardeo de Estados Unidos contra un hospital de MSF en Afganistán en 2015, en el que murieron 42 personas.
"Esta resolución fue un rayo de esperanza, ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante. Sin embargo, solo seis de los entonces 15 miembros que adoptaron la resolución habían ratificado todos los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos armados", ha indicado Laan.
MSF lamenta que, "más de diez años después del ataque de Kunduz, la atención médica y la acción humanitaria en los conflictos armados siguen siendo objeto de ataques, posiblemente más que nunca". Por ello, Laan ha remarcado que los Estados deben respetar el Derecho Internacional y "garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección" de los servicios médicos.
"Los Estados también deben rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes. Deben aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias investigaciones y compartir los resultados de forma transparente. Estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad imperante", ha concluido.