La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asegurado este viernes que continuará ofreciendo atención en los territorios palestinos ocupados mientras tenga capacidad para hacerlo, pese a las restricciones impuestas por las autoridades israelíes. En un comunicado, la ONG ha denunciado “una campaña de desprestigio” y ha reclamado “una ampliación masiva de la asistencia vital y un acceso humanitario sin obstáculos” para la población del enclave, afectada por “la violencia sostenida y a las persistentes restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes”.
MSF ha recordado que “en virtud del Derecho Internacional Humanitario, las autoridades israelíes, como potencia ocupante, están obligadas a garantizar la prestación de asistencia humanitaria”, y ha advertido de que las nuevas medidas del Ejecutivo de Israel, que “exigen a 37 ONG abandonar los territorios palestinos ocupados antes del 1 de marzo”, amenazan igualmente “con reducir drásticamente una ayuda que ya es del todo insuficiente”.
En esta línea, la directora de MSF en España, Raquel Ayora, ha subrayado que “MSF está trabajando para mantener los servicios para los pacientes” en el enclave, aunque ha incidido en que “las necesidades son inmensas y las restricciones drásticas tienen consecuencias mortales”. Según ha detallado, “cientos de miles de pacientes necesitan tratamiento y atención de salud mental y decenas de miles requieren seguimiento médico, quirúrgico y psicológico a largo plazo”.
La ONG ha lamentado que, incluso con el plan de paz promovido por Estados Unidos sobre la mesa, el Gobierno israelí siga “restringiendo gravemente, e incluso negando, el acceso al agua, la vivienda y la atención médica”, mientras “la violencia sigue causando muertos y heridos entre la población palestina a diario”.
MSF ha puesto también el foco en Cisjordania, donde “las necesidades médicas y humanitarias siguen aumentando” en un entorno marcado por la violencia, los desplazamientos forzados, los ataques de colonos israelíes y las demoliciones de viviendas, lo que agrava aún más la crisis.
La organización ha advertido de que la retirada de su registro ante las autoridades israelíes “ya está afectando a la atención” que puede proporcionar, incrementando la presión sobre “un sistema sanitario devastado (..) y limitado por las restricciones persistentes sobre equipos y suministros médicos esenciales”.
MSF ha denunciado que “desde principios de enero, las autoridades israelíes han impedido a MSF introducir personal internacional y suministros a los Territorios Palestinos Ocupados. Y desde este domingo 1 de marzo, todo el personal internacional de MSF deberá haber abandonado ya el territorio”.
Por este motivo, y tras calificar sus proyectos como “vitales”, la organización ha reiterado, por medio de su directora, que permanecerá “todo el tiempo que sea posible” y ha formulado “un llamamiento a las autoridades israelíes para que permitan la ayuda humanitaria a gran escala y a la comunidad internacional para que garantice que los palestinos de Gaza y Cisjordania no sean abandonados a su suerte”.
MSF ha recordado que está presente en la región desde 1988, periodo en el que ha ido ampliando sus programas, desde la atención médica y de salud mental hasta servicios de agua y saneamiento. “En 2025, MSF atendió a una de cada cinco camas de hospital en Gaza, asistió a uno de cada tres partos”, destaca el comunicado.
En este contexto, la ONG ha denunciado que “los nuevos y restrictivos requisitos de registro, utilizados como pretexto para obstaculizar la asistencia, coinciden con una campaña global coordinada de ataques en internet promovida por el Gobierno de Israel contra MSF”.
“Constituye una campaña de desprestigio, basada en acusaciones falsas y sin fundamento, que tiene como objetivo desacreditar a MSF, silenciar la voz de la organización y obstaculizar la prestación de asistencia sanitaria”, ha afirmado Ayora, antes de remarcar que “en un contexto en el que se prohíbe el acceso a los periodistas internacionales y se asesina a periodistas palestinos, reducir aún más el acceso de las ONG supone eliminar a más testigos de la violencia y sus prolongados efectos sobre la población”.