A partir de este lunes, Rusia implementará sanciones económicas que pueden llegar hasta los 5.000 rublos (aproximadamente 53 euros) para quienes busquen en internet materiales clasificados como ‘extremistas’ y para los usuarios de redes privadas virtuales (VPN). Además, la promoción de estas últimas podría enfrentar multas de hasta 80.000 rublos (850 euros) para personas y hasta 500.000 rublos (5.310 euros) para empresas.
La regulación que sanciona la búsqueda de ‘extremistas’ y el uso de VPN, con multas que varían entre 3.000 y 5.000 rublos (32 a 53 euros), no se aplicará indiscriminadamente a todos los usuarios, sino que los buscadores informarán al Ministerio del Interior solo en casos de procedimientos criminales ya en curso, explicó Maksut Shadayev, ministro de Desarrollo Digital, en julio pasado.
Shadayev también destacó que será necesario que las autoridades demuestren la intención del acusado y que este sabía de antemano que el contenido buscado estaba prohibido.
Adicionalmente, se activa otra ley que limita la publicidad de herramientas para sortear restricciones en línea, incluidos los servicios VPN. Las penalizaciones para esta infracción fluctúan entre 50.000 y 80.000 rublos (530 a 850 euros) para individuos, y de 80.000 a 150.000 rublos (850 a 1.595 euros) para autoridades, llegando hasta 500.000 rublos (5.313 euros) para entidades.
Las limitaciones impuestas por Moscú al uso de internet han sido objeto de críticas por parte de entidades como Human Rights Watch (HRW), que en julio indicó que ‘la censura en línea, las interrupciones de Internet y la vigilancia’ se intensificaron con el comienzo de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.
‘Las autoridades rusas han desarrollado un amplio arsenal de políticas y medios tecnológicos para extender la censura y el control de Internet, que en gran medida son invisibles para el usuario promedio’ y ‘tienen consecuencias devastadoras para el acceso a la información, la privacidad y la libertad de expresión de todos los usuarios de Internet en Rusia’, señaló Anastasia Kruope, investigadora adjunta para Europa y Asia Central de HRW.