Miles de ciudadanos tunecinos han salido este miércoles a las calles para respaldar al presidente Kais Saied, cuestionado por la deriva autoritaria que vive el país magrebí. Las concentraciones coinciden con el 15.º aniversario del inicio de la revuelta que desembocó en la caída, en enero de 2011, del entonces jefe de Estado, Zine el Abidine ben Alí, y que encendió la chispa de la "Primavera Árabe".
El propio Saied ha hecho una breve aparición en la avenida Habib Burguiba, en pleno centro de la capital, poco antes de que arrancaran las protestas. En este emblemático punto de Túnez ha sido recibido por simpatizantes que enarbolaban banderas nacionales, antes de que diese comienzo una marcha convocada para "preservar la soberanía" y rechazar la "injerencia extranjera".
La capital se ha convertido así en el epicentro de estas demostraciones de respaldo a Saied, que desde hace meses afronta críticas dentro y fuera del país por las decisiones adoptadas desde su llegada al poder en 2019. Las voces en su contra se intensificaron especialmente cuando, dos años después, decidió concentrar en su figura todos los poderes mediante la disolución del Gobierno y del Parlamento.
Estas decisiones fueron acompañadas de un refuerzo de la represión contra opositores, activistas y periodistas, incluso recurriendo a la legislación antiterrorista. Organizaciones de derechos humanos denuncian que se ha reducido el espacio cívico hasta niveles comparables a los del régimen de Ben Alí, cuya caída alimentó las expectativas de una transición democrática.
Ben Alí llegó a la Presidencia en 1987 tras un golpe institucional contra Habib Burguiba, al que declaró "incapacitado". Burguiba había sido el primer presidente del país tras la independencia de Francia en 1957. La salida de Ben Alí del poder se produjo en medio de una ola de protestas contra la corrupción, el deterioro económico y la ausencia de libertades.
Las movilizaciones se desencadenaron el 17 de diciembre de 2010, después de que Mohamed Buazizi, un joven de 26 años, se inmolara a lo bonzo tras la incautación de su puesto de venta ambulante por la Policía y el acoso y las humillaciones sufridas a manos de los agentes. Buazizi falleció a principios de enero, pocos días antes de que Ben Alí abandonara el cargo y huyera a Arabia Saudí, donde murió en 2019.
El gesto desesperado de Buazizi se convirtió en símbolo del hartazgo popular frente a los abusos de las autoridades y dio origen a la denominada "Revolución de los Jazmines", considerada un modelo para otros países del norte de África y Oriente Próximo. A partir de ahí se extendió la "Primavera Árabe", cuyos efectos siguen marcando la región más de una década después.
La caída de Ben Alí, hasta entonces apoyado por Francia, abrió un proceso de transición política que en sus primeros años fue presentado como ejemplo para el entorno regional. Sin embargo, ese camino ha estado plagado de altibajos y de una sucesión de gobiernos incapaces de estabilizar la situación económica y social. A ello se sumaron atentados que golpearon al turismo y el impacto de la pandemia de coronavirus, que afectó con dureza a Túnez.
La llegada de Saied al poder
En este contexto, Saied, jurista de perfil conservador, capitalizó el descontento generalizado y se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales de octubre de 2019, con cerca del 73 por ciento de los sufragios. La campaña estuvo marcada por el encarcelamiento de su principal rival, Nabil Karui, acusado de corrupción.
En sus primeros meses, Saied trató de marcar distancias con anteriores dirigentes, negándose, por ejemplo, a residir en el Palacio Presidencial de Cartago. Prometió mano dura contra la corrupción y medidas para encarar la crisis económica, aunque estos planes se vieron lastrados por la pandemia de la COVID-19 y por los choques constantes entre el Ejecutivo y un Parlamento controlado por el partido islamista moderado Ennahda.
El aumento de las tensiones y las nuevas protestas para reclamar mejoras en los servicios básicos llevaron a Saied a dar un giro de fuerza: destituyó al Gobierno y suspendió la actividad parlamentaria, retirando la inmunidad a los diputados. Meses después, el Parlamento quedó definitivamente disuelto.
La oposición, liderada por Ennahda, denunció de inmediato un autogolpe destinado a afianzar el poder presidencial. Saied y sus seguidores, por el contrario, justifican sus decisiones como un intento de salvar al país del bloqueo institucional y de la crisis, y acusan a sus críticos de atentar contra la seguridad nacional. Desde entonces, decenas de dirigentes opositores, abogados, periodistas y activistas han sido procesados y encarcelados.
El presidente logró mantenerse en el cargo tras un referéndum constitucional celebrado en 2024, marcado por una participación muy baja y un boicot de la oposición, que denunció irregularidades y violaciones de la Carta Magna, incluyendo la exclusión de varios candidatos pese a que el Tribunal Administrativo había ordenado su inclusión en las papeletas.
Saied obtuvo más del 90 por ciento de los votos, aunque el dato que más llamó la atención fue la participación, inferior al 30 por ciento, la más baja desde la revolución. Ese registro refleja el creciente desencanto de la ciudadanía, que se ha vuelto a distanciar de la vida política y de las instituciones tras el impulso inicial a las organizaciones sociales después de la salida de Ben Alí.
Escalada represiva y respuesta en las calles
Pese a las muestras de respaldo a Saied registradas este miércoles, Túnez encadena desde hace semanas manifestaciones en su contra y protestas contra las restricciones a las libertades políticas y públicas impuestas por su Administración, así como movilizaciones en defensa de los derechos y libertades civiles.
Las marchas han sido convocadas por la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Demócratas, el Colegio de Abogados y otras plataformas opositoras. Su objetivo es denunciar el deterioro de la situación en el país como consecuencia de las políticas del Gobierno, que rechaza estas acusaciones y habla incluso de injerencias internacionales.
Durante estas concentraciones se han criticado las condenas dictadas contra decenas de opositores, entre ellos el líder de Ennahda, Rachid Ghanuchi, que presidía el Parlamento cuando fue disuelto por Saied. Ghanuchi ya fue una figura destacada de la oposición a Ben Alí entre 1987 y 2011.
El dirigente islamista ha sido sentenciado en varias causas a penas de prisión por corrupción, financiación ilegal y "apología del terrorismo", cargos que él y su partido rechazan y que sitúan dentro de "una serie de juicios políticos contra todos los sectores del espectro político y la sociedad civil desde el golpe del 25 de julio de 2021", en alusión a las medidas adoptadas por Saied.
A principios de enero fue también detenido el presidente del Frente de Salvación Nacional (FSN), la principal coalición opositora, Ahmed Nayib Chebbi, de 81 años. Su arresto se produjo después de que una corte de apelación confirmara una pena de doce años de cárcel por conspiración contra la seguridad del Estado. Numerosas ONG internacionales han condenado este encarcelamiento, han alertado sobre la deriva autoritaria de Saied y han reclamado a la comunidad internacional que deje de respaldarle.
En este contexto, Amnistía Internacional ha acusado a Túnez de utilizar "leyes represivas" y "cargos infundados" para detener arbitrariamente y encarcelar a opositores, periodistas, sindicalistas y defensores de los Derechos Humanos. La organización ha denunciado además la "complicidad" de la UE en los abusos cometidos por las autoridades tunecinas contra personas migrantes.