El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha desplazado este miércoles a la región del Néguev dentro de un plan del Ejecutivo para “restaurar la gobernabilidad en la zona” y favorecer el crecimiento de la población en este territorio desértico, con especial atención al área limítrofe con Egipto.
Durante la visita, en la que ha estado acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, Netanyahu ha recorrido el asentamiento de Revivim y la localidad beduina de Bir Hadaj. Desde allí ha vuelto a reclamar “restaurar el orden público en el Néguev”.
“El Néguev está fuera de control. La Policía de Israel ha iniciado una importante operación en colaboración con otras fuerzas (...) Hay decenas de miles de armas, drones que cruzan las fronteras y otras amenazas”, ha manifestado el jefe de Gobierno, aludiendo a la magnitud de los desafíos de seguridad en el área.
Katz, por su parte, ha subrayado que “detener el contrabando de armas en la frontera entre Israel y Egipto es un interés primordial para la seguridad” del país. A su juicio, “impulsar los asentamientos en el Néguev fortalece la seguridad de Israel, su soberanía y refuerza nuestro control sobre el territorio”.
En la misma línea, Ben Gvir ha recordado que la zona, tras “décadas de abandono”, se transformó en “un territorio en el que creció “un monstruo de delincuencia nacionalista y criminal””. “Nuestro mensaje es uno: el Estado de Israel es dueño del Néguev, y cualquiera que lo cuestione será tratado con la mayor severidad”, ha concluido.
En fechas recientes, las fuerzas de seguridad israelíes abatieron a un hombre en la ciudad beduina de Tarabin, al que se sospecha de haber incendiado vehículos en localidades judías cercanas. El suceso está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades para determinar si los agentes implicados incurrieron en algún tipo de delito durante la operación.
Organizaciones de derechos humanos han venido alertando de la situación en la región. Amnistía Internacional (AI) ha denunciado previamente que la comunidad beduina palestina con ciudadanía israelí “sufre la reiterada demolición de sus viviendas como corolario de unas políticas discriminatorias que no reconocen la legalidad de alrededor de 35 pueblos de la región”.