El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha desafiado este jueves a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al presentar una demanda conjunta con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y 25 fiscales generales contra la revocación de una normativa que establecía estándares climáticos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Hemos impugnando la decisión de la Administración Trump de revertir una de las protecciones climáticas más importantes en nuestro país (...) Durante 15 años, ha sido la base legal para limitar la contaminación procedente de automóviles y camiones”, ha explicado el fiscal general del estado estadounidense, Rob Bonta, en rueda de prensa.
En esta línea, ha subrayado que esta regulación se apoya “en la ciencia, ha sido avalada por tribunales” y aplicada por gobiernos de ambos partidos. “El Gobierno federal trata de desautorizar a la ciencia”, ha expresado, al denunciar el giro de la Casa Blanca.
Bonta ha recalcado que no se trata de “un pequeño cambio técnico”, sino de “una decisión trascendental que aumentará la contaminación, agravará el cambio climático y pondrá en riesgo la salud de millones de estadounidenses”, además de contradecir un “precedente claro” del Tribunal Supremo.
“La medida no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de rigurosa revisión científica respaldada por pruebas abrumadoras; pruebas que se han fortalecido aún más en los últimos 15 años. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) no puede simplemente borrar esa realidad porque sea una verdad políticamente incómoda”, ha indicado, al advertir de las implicaciones de la decisión federal.
Por su parte, Newsom ha sostenido que la Administración Trump “ni siquiera intenta debatir” las consecuencias del calentamiento global “porque saben que no pueden hacerlo”. “Quieren hacer que la contaminación vuelva a ser grande de nuevo (en alusión al lema trumpista). “Y mientras, se quedan con el dinero”, ha dicho, acusando a Washington de favorecer intereses económicos contaminantes.
“Richard Nixon se revuelve en la tumba. Fue la propia Ley del Aire Limpio la que estableció este marco y estas pautas. Desde 2009, reconocemos lo obvio: los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono y el metano perjudican nuestra salud pública y prosperidad económica”, ha explicado, agregando que la Administración Trump busca “recrear el siglo XIX”.
La legislación, aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama, se apoyaba en la constatación de que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero suponen una amenaza para la seguridad pública.
Esta norma se convirtió en el pilar jurídico de diversas políticas federales para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial en el sector del automóvil, las refinerías y las plantas industriales. Paralelamente, la Administración Trump ha abandonado el Acuerdo de París y ha impulsado varias iniciativas para favorecer la extracción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón.