Este jueves un tribunal de París ha condenado al expresidente francés Nicolas Sarkozy por «asociación de malhechores «relacionada con la financiación de su campaña electoral de 2007 por parte del gobierno libio de Muamar Gadafi. En esta ocasión, Sarkozy no podrá eludir la prisión. No obstante, el exmandatario ha sido absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral.
Los hechos se remontan a un acuerdo suscrito en el año 2005, en virtud del cual la campaña de Sarkozy se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia. Ante la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía había solicitado para Sarkozy una pena de siete años de prisión, cinco años de inhabilitación y una multa de 300.000 euros, acusándolo de ser el artífice de un esquema corrupto que involucró también a los exministros Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant.
Exministros implicados
Respecto a Woerth, ex tesorero de dicha campaña, ha sido absuelto de todas las acusaciones. Sin embargo, para Guéant, quien fuera director de campaña, se han confirmado varias condenas incluyendo corrupción pasiva, falsificación y tráfico de influencias. En contraparte, Hortefeux fue condenado por asociación de malhechores, en la misma línea que Sarkozy, según reportes de Franceinfo.
Otros frentes
Sarkozy enfrenta otros procesos judiciales, incluyendo una condena previa por corrupción y tráfico de influencias que actualmente lo obliga a llevar una pulsera electrónica para evitar su ingreso a prisión.
En 2014, se descubrió que Sarkozy y su abogado usaban un teléfono con nombre falso (“Paul Bismuth”) para hablar con un magistrado del Tribunal de Casación. La Fiscalía sostenía que intentaban obtener información secreta sobre otro caso judicial a cambio de favores. Por este asunto, en marzo de 2021, el expresidente francés fue condenado a tres años de prisión, uno de ellos firme, aunque quedó en libertad bajo vigilancia con tobillera electrónica.
También en 2021, Sarkozy tuvo que hacer frente a otra condena, en este caso, los hechos se remontaban a la campaña presidencial de 2012. Se le acusó de haber superado el límite legal de gasto electoral mediante facturas falsas y fue condenado a un año de prisión por financiación ilegal.