El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha regresado este lunes a los tribunales para la vista de apelación, después de que en primera instancia fuera condenado a cinco años de cárcel y a una multa de 100.000 euros por asociación delictiva vinculada a los fondos que habrían financiado su campaña presidencial de 2007 procedentes del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.
En su fallo inicial, el Tribunal Penal de París declaró a Sarkozy culpable de asociación delictiva, pero optó por absolverle de los delitos de corrupción pasiva, encubrimiento de malversación de fondos públicos y financiación ilegal de campaña. La Fiscalía, que recurrió íntegramente la sentencia, pretende ahora que el exmandatario sea declarado responsable también de estos últimos cargos.
El antiguo jefe de Estado se expone a una pena máxima de hasta diez años de prisión y comparte banquillo con otros nueve procesados dentro de la conocida como trama libia. Entre ellos figura el exministro del Interior francés Claude Guéant, que fue jefe de gabinete de Sarkozy y que en primera instancia fue condenado por asociación delictiva a seis años de cárcel y al pago de una multa de 250.000 euros.
El calendario judicial prevé que el juicio se prolongue hasta el próximo 3 de junio. Durante este periodo está prevista la comparecencia de Christian Jacob, ministro de Funciones Públicas entre 2005 y 2007, así como la de Patrick Haimzadeh, exdiplomático destinado en Trípoli, según han informado diversos medios franceses.
En la primera sentencia, la Justicia concluyó que Sarkozy permitió a sus colaboradores más próximos, entre ellos Guéant, establecer contactos en 2005 con Abdulá al Senussi, antiguo responsable de los servicios de Inteligencia de Gadafi, con el objetivo de recabar apoyo económico para la campaña presidencial.
No obstante, los magistrados consideraron entonces que no quedó acreditado que la campaña se financiara efectivamente con dinero libio, pese a la existencia de un acuerdo firmado en 2005 por el que la candidatura de Sarkozy se habría beneficiado de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia.
El expresidente, que estuvo al frente del Elíseo entre 2007 y 2012, pasó tres semanas en prisión antes de ser excarcelado y quedar bajo control judicial el pasado mes de noviembre. El dirigente conservador ha negado siempre cualquier conducta ilícita y sostiene que es víctima de una “persecución política” articulada a través de los tribunales.