QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este martes una consulta popular, sin fecha fijada por el momento, con siete preguntas que incluyen eliminar «la prohibición de establecer bases militares extranjeras» y la asignación de recursos públicos a los partidos políticos, así como reducir el número de escaños en el Parlamento y suprimir la inmunidad de los jueces del Tribunal Constitucional.
«A diario recibimos críticas, especialmente de los que están más lejos de la gente, aquellos que no soportan un nuevo país en el que no son protagonistas y, por esa misma razón, solo usan uno de dos calificativos para nuestra lucha: o antidemocrática o populista, mas nunca lo que es: democrática y popular», ha argumentado Noboa en su cuenta en la red social X, antes de enumerar las siete preguntas.
La primera de ellas aborda la eliminación de «la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras». La medida, incluida en la Constitución de 2008 aprobada por el Gobierno de Rafael Correa, alteró sustancialmente las relaciones militares de Quito con Estados Unidos, cuyas tropas completaron en 2009 su salida de la base militar de Manta, en el centro de la costa del país.
En segundo lugar, el mandatario ecuatoriano ha planteado la supresión de la norma que obliga al Estado a «asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas», para que, en su lugar, los partidos políticos financien con dinero de sus donantes y simpatizantes. La pregunta tiene un precedente claro en el proyecto de reforma impulsado en el pasado año para que el Estado dejase de asignar recursos para la publicidad electoral de las organizaciones políticas –también de cara a consultas populares–, una medida actualmente pendiente de un segundo debate en la Asamblea.
La tercera pregunta propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la transferencia de sus funciones a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. El CPCCS tiene como principal competencia el nombramiento de los titulares de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Contraloría estatales, así como la designación de los responsables de las superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y de la Judicatura.
La cuarta cuestión describe la posibilidad de «reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección», aunque el mandatario no ha explicado cuál sería la forma alternativa de elegir a los miembros de la Asamblea, que suman actualmente 152, una quincena más que en la legislatura anterior y después de que, en 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso plantease una medida similar en un referéndum y la población la rechazara.
Noboa ha propuesto asimismo permitir «la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral». Esta modalidad de contratación implica afiliación a la Seguridad Social, así como la retribución de pagas extra y vacaciones, según ha indicado la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y recogido el diario ‘El Telégrafo’.
El sexto interrogante trata la posibilidad de que «los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político», y llega después de semanas de críticas a la actuación de este tribunal por la suspensión de algunos artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad Nacional aprobadas por el Legislativo ecuatoriano.
Por último, el presidente ecuatoriano ha planteado «permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas», a cambio de lo cual éstos «entregarán al Estado un tributo del 25 por ciento de sus ventas (…), para la financiación de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar». Su aprobación constituiría un cambio sustancial después de que en 2011, durante la Presidencia de Rafael Correa, quedase prohibido por voto popular el funcionamiento de este tipo de establecimientos.
Noboa ha subrayado que estos temas «han sido de interés popular y de urgencia de cambio» durante años, defendiendo que las siete cuestiones «les dan el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo».
