La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha comunicado este lunes que “todos los agentes de campo en Minneapolis” pasarán a portar cámaras corporales. La decisión, largamente defendida por los demócratas en el Congreso, se irá implantando de forma gradual en el resto del país “a medida que haya fondos disponibles”.
“Con efecto inmediato, estamos instalando cámaras corporales en todos los agentes de campo en Minneapolis”, ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales tras mantener una conversación con el conocido como ‘zar de las fronteras’, Tom Homan; con el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, y con el comisario jefe de los servicios de Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott.
Noem ha añadido que, “a medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional”, un despliegue que espera culminar “rápidamente” y que pretende que sea de aplicación general “para las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional en todo el país”, pese a que la normativa federal vigente no obliga a los funcionarios del ICE ni de CBP a utilizar este tipo de dispositivos.
El anuncio se produce tras la presión sostenida del Partido Demócrata, en especial en el Senado, donde su líder, Chuck Schumer, planteó la semana pasada tres condiciones —entre ellas, la implantación de cámaras corporales— a cambio de respaldar la ley de financiación de Seguridad Nacional. Esta norma está en el centro de una agria disputa parlamentaria que ha desembocado en un nuevo cierre de la Administración federal.
El parón administrativo alcanza ya su tercer día, aunque el presidente de los republicanos en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confía en que concluya este martes, cuando está previsto que la cámara baja complete la votación de cinco proyectos de ley de gasto que permitirán financiar distintos programas federales hasta septiembre, con la excepción de los correspondientes a Seguridad Nacional.
En este último caso, el texto —que ya recibió el visto bueno del Senado— solo garantiza recursos para dos semanas de actividad, plazo en el que el Congreso deberá volver a negociar su contenido, en un contexto marcado por la polémica generada por las redadas antimigratorias en Minnesota, que han dejado ya dos ciudadanos estadounidenses muertos por disparos de agentes federales.