La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha iniciado un nuevo proceso este jueves, acusando a 22 personas, incluyendo militares y civiles, por su participación en los crímenes conocidos como ‘falsos positivos’, donde civiles fueron asesinados por militares que los presentaban como guerrilleros.
Dentro de los acusados se hallan once oficiales, seis suboficiales, un mayor general y un soldado del Ejército, todos ellos implicados en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en Casanare, al norte de Colombia, entre 2005 y 2008.
Objetivo de la JEP: Sanciones y Verdad
Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, ha destacado que el propósito es sancionar a los responsables conforme a los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y las disueltas FARC.
“Con esta remisión, los hechos y los comparecientes imputados en este caso pasan al Tribunal para la Paz de la JEP, donde se inicia ahora la etapa de juicio que culminará con la emisión de la sentencia restaurativa y la imposición de Sanciones Propias”, ha comunicado la JEP.
“Los 22 comparecientes imputados formaban parte de una organización criminal que se valió de la estructura institucional del Ejército para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en Casanare. (…) En este riguroso proceso de investigación, algunos comparecientes, quienes inicialmente negaron su participación, terminaron reconociendo su papel dentro del patrón criminal y aportaron nuevos detalles”, señala el informe.
Según Alejandro Ramelli Arteaga, presidente del mecanismo de justicia transicional, este caso afecta a unas 300 víctimas.