El Gobierno ha sido contundente sobre su posición respecto a la escalada bélica entre EEUU, Israel e Irán: "No a la guerra". Un viejo lema que rescató esta semana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que puede generar confusión tras anunciar que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para respaldar la defensa europea en el marco de las operaciones en curso en Oriente Medio. El telón de fondo sobre este asunto obliga a despejar dudas sobre cuál es el papel de España en el marco de la operación iniciada por Estados Unidos en Oriente Medio.
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¿Qué obligaciones tiene España de acuerdo al Tratado del Atlántico Norte?
España es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde el 30 de mayo 1982. Una decisión ratificada por referéndum bajo el mandato de Félipe González en el marco de esa paulatina integración de la joven democracia española en la comunidad internacional.
Su rol en la Alianza ha sido motivo de debate desde prácticamente su adhesión. Conviene aclarar que el tratado fundacional de la Alianza no obliga a los países miembros a participar en todas las operaciones militares de sus aliados.
Este principio de la organización viene recogido en el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece la defensa colectiva en caso de que un Estado miembro sea atacado.
"Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será con-siderado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas (...) ayudará a la parte o partes atacadas". Y, ¿cómo lo hará? A través de las medidas que considere necesarias, incluso el "empleo de la fuerza", todo con el horizonte puesto en restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte.
Atendiendo a este marco, el deber aquí se desprende de un hipotético escenario donde un Estado miembro sufra una agresión por parte de otro en dicho territorio. Estados Unidos ha esgrimido en reiteradas ocasiones que la ofensiva contra Teherán se fundamenta en una supuesta amenaza para Washington y también para Europa. “Sabemos que Irán estaba a punto de hacerse con capacidad nuclear y de misiles", ha señalado este jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Una lectura que el Ejecutivo español no comparte. "La posición de España es la misma que en Ucrania o en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso del "no a la guerra".
La portavoz del Gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles en rueda de prensa que, a su entender, España había aceptado "cooperar" con Estados Unidos en la ofensiva contra Teherán. Todo, después de que España negara a Washington el uso de las bases de Rota y Morón en su operación militar. Pero sus palabras despertaron un amargo sabor en el Palacio de la Moncloa a última hora de la tarde, y rápidamente el Gobierno salió a desmentir dicha información. “Lo desmiento tajantemente”, aseveró el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares en una entrevista radiofónica.
¿Qué hay de las bases?
El tratado de la OTAN no es el único marco legal que regula la participación de España en operaciones militares de esta naturaleza.
Más allá de la Alianza Atlántica, otra cuestión clave y que ha copado portadas y titulares en los últimos días, es el uso de instalaciones militares estadounidenses en España, especialmente la base naval de Rota (Cádiz) y la aérea de Morón (Sevilla)
"No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio", dijo este pasado lunes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, echando así el cerrojo a sus puertas para Estados Unidos. Declaraciones que no gustaron nada al presidente estadounidense, Donald Trump: “Podríamos usar las bases si quisiéramos, podríamos simplemente volar allí y usarlas, nadie nos va a decir que no", aseveró el martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al canciller Friedrich Merz.
El uso de estas instalaciones, empleadas principalmente como punto de tránsito y reabastecimiento de barcos y aparatos aéreos, se rige por el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos firmado el 1 de diciembre de 1988, que regula la presencia militar estadounidense en territorio español.
El acuerdo, otorga a España la potestad de conceder a EEUU el uso de su suelo de acuerdo con un principio esencial recogido en su capítulo III: "España conserva su plena soberanía y control de su territorio y espacio aéreo" .
Así, en el marco del artículo 16, las bases “estarán bajo mando español” y allí solo se “ondearán la bandera y las insignias de mando españolas”. Esto significa que, aunque Estados Unidos gestione su personal y equipamiento, la jurisdicción territorial y el mando de las instalaciones corresponden plenamente al Estado español.
La clave del convenio se encuentra en el artículo 2, que otorga a Estados Unidos el uso de instalaciones y autorizaciones para objetivos dentro del ámbito bilateral (España y Estados Unidos) o multilateral (por ejemplo, operaciones de la OTAN o misiones internacionales autorizadas).
Sin embargo, cualquier uso que exceda esos fines requiere la autorización previa del Gobierno español. "Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad", dijo el presidente del gobierno español recogiendo la consideración de España sobre este asunto.
¿Entonces, por qué envía Sánchez una fragata a Chipre?
Este jueves, España ha anunciado que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para respaldar la defensa europea en el marco de las operaciones en curso en Oriente Medio. La iniciativa de Defensa responde al golpe que sufrió el territorio chipriota el pasado 2 de marzo, cuando un dron de tipo Shahed, asociado con tecnología iraní impactó en una base militar británica en su territorio, la RAF Akrotiri.
La Cristóbal Colón operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y a otros navíos de la Armada griega. El lunes se integró en el Grupo Naval del portaaviones francés para tareas de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico y, a continuación, el dispositivo se desplazará al Mediterráneo con previsión de alcanzar la zona de Creta alrededor del 10 de marzo.
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Pero, ¿por qué las bases no y Chipre sí? El Tratado de la Unión Europea (TUE) responde a esta cuestión. La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la Unión Europea, fundamentada en este acuerdo, establece las bases legales para la acción colectiva y la cooperación militar entre los Estados miembros.
El artículo 42 define la PCSD como una pieza integral de la política exterior europea y habilita a los países de la UE a emprender misiones militares y desarrollar proyectos de cooperación en defensa, ofreciendo un instrumento común para responder a amenazas externas.
Dentro de este mismo artículo, la cláusula 42.7 introduce un principio clave de solidaridad: la defensa mutua, que obliga a los Estados miembros a asistir a cualquier país de la UE que sufra una agresión armada, fortaleciendo así la cohesión y seguridad colectiva del bloque.
Por su parte, el artículo 43 regula las misiones concretas que la UE puede ejecutar, abarcando desde operaciones de paz y gestión de crisis hasta la lucha contra el terrorismo internacional.
El ruido de sables entre la Moncloa y la Casa Blanca ha sido esta semana un caldero hirviendo que acabó por estallar cuando este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, y nuevo el embajador estadounidense, Benjamín León, se reunieron este miércoles, en plena tensión entre ambos gobiernos.
De la grabación de ese encuentro, el PP extrajo un fragmento donde interpreta una cita de Robles al embajador que parece dar forma a todo el embrollo y explciar las palabras de la portavoz de la casa Blanca: "Estoy con Trump”. La distorsión del audio deja dudas sobre su contenido. Ante ello, la titular de Defensa negó la atribución de los de Feijóo y aseguró haber dicho: "Estoy cómoda”. Una confusión que recoge la incertidumbre sobre el conflicto.