QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el Congreso de Perú, la izquierda ha presentado hasta ocho iniciativas legislativas con el fin de anular el aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte, quien recientemente anunció un incremento de su remuneración en un 120%, argumentando que resulta inaceptable y que carece de legitimidad institucional.
Las propuestas han sido impulsadas por la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. Estos grupos han coincidido en la necesidad de derogar el Decreto Supremo N°136-2025-EF, que regula la nueva remuneración de Boluarte y fue publicado por el diario El Peruano.
Entre las medidas propuestas, se incluyen la promoción de un proyecto de ley multipartidario para revocar dicho decreto, además de la interpelación de Eduardo Arana, primer ministro, y de Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, quien fue el responsable del informe técnico que justificó el aumento salarial. En la votación de una de estas propuestas, participaron las bancadas de Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Honor y Democracia, Acción Popular, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular, mientras que ningún congresista de Fuerza Popular participó.
Otra iniciativa busca que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, convoque a Boluarte para que sustente técnica, legal y presupuestalmente el aumento de su remuneración mensual.
Desde el entorno de Boluarte se ha defendido el aumento salarial argumentando que la señora presidenta es la más alta autoridad y tiene la más alta jerarquía dentro de los funcionarios públicos de la nación conforme a la Constitución y que, en consecuencia, ella no podía seguir estando con un sueldo que no fuera acorde a su jerarquía.
Representantes de la izquierda, como Juan Burgos de Podemos Perú, han criticado duramente la medida, describiéndola como una cachetada a la pobreza de Perú y destacando la falta de explicaciones claras en un contexto de crisis social, económica y de legitimidad institucional. Edgard Reymundo del Bloque Democrático Popular ha señalado que el decreto no tiene ningún sustento técnico suficiente y es políticamente impertinente. Otros parlamentarios han opinado que, aunque el incremento no es incorrecto técnicamente, se ha implementado en un momento político inadecuado, calificándolo de técnicamente positivo, pero políticamente absolutamente incorrecto e inoportuna.
El debate sobre el salario de la presidenta ha dominado la opinión pública después de que el Consejo de Ministros aprobase el aumento, elevando su sueldo de 15.600 soles a 35.500 soles. El decreto se oficializó el viernes pasado, con la firma de Boluarte. Poco después, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó convocar a la mandataria a un pleno para responder por la normativa que duplicaría su sueldo y aprobó un primer proyecto de ley para anular el aumento.
