Al menos ocho civiles han perdido la vida y unas 50 personas han resultado heridas en una serie de bombardeos atribuidos a facciones vinculadas al Gobierno sirio contra dos barrios de la ciudad de Alepo controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Estos ataques se producen en un contexto de creciente tensión entre la milicia kurdo-árabe y Damasco, que ha forzado la evacuación de más de 3.000 residentes.
“Hasta ahora, los ataques de estas facciones han causado la muerte de ocho civiles y heridas a otros 52, además de daños en al menos 300 viviendas y decenas de instituciones de servicios y médicas como consecuencia de los bombardeos, en un ataque directo contra barrios residenciales seguros, lo que constituye un crimen de guerra en toda regla y una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario”, han denunciado las FDS en un comunicado difundido a través de Telegram en el que han asegurado que detrás de estas agresiones, efectuadas sobre los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, están “las mismas facciones implicadas en (las) masacres documentadas en Sueida y la costa siria”.
Las FDS sostienen que estas facciones armadas “luchan por (el) poder desde su creación y nunca han formado parte de ningún proyecto nacional, sino que tienen un historial negro de crímenes y violaciones contra la población civil”. En la misma nota, la coalición kurdo-árabe acusa a estos grupos de operar “con la cobertura y el respaldo directo del Ministerio de Defensa del Gobierno de Damasco, que ignora de manera flagrante sus crímenes, lo que (lo) convierte en cómplice de la responsabilidad política, moral y legal de lo que está ocurriendo”.
En paralelo, la Defensa Civil Siria ha indicado este miércoles que sus equipos han conseguido evacuar a más de 3.000 personas de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, aunque ha puesto el foco en el deterioro de la situación humanitaria y en “el bombardeo en curso por parte de las FDS”, según ha informado la agencia estatal SANA. Los habitantes han salido de Alepo a través de los puestos de control de Auarid y Zuhur, desde donde han sido trasladados a refugios provisionales.
Por otro lado, el Ministerio del Interior ha señalado en la misma jornada que tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interna han resultado heridos en un ataque que atribuye a las FDS. Según esta versión, la milicia habría tratado de alcanzar a los agentes que escoltaban al personal encargado de la evacuación de civiles de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, barrios que este miércoles han sido declarados “objetivos militares legítimos” por Damasco.
En el plano internacional, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se encuentra “alarmado” por las víctimas del reciente intercambio de fuego y “muy preocupado no solo por lo que está ocurriendo, sino también por la retórica”. Así lo ha manifestado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una comparecencia ante la prensa en la que ha recalcado la urgencia de lograr “un acuerdo entre el Gobierno y las FDS para poner a las fuerzas de seguridad bajo un mando unificado que represente al Estado sirio, un Estado en el que todos los sirios, independientemente de su religión, su origen étnico o cualquier otra condición, se sientan seguros y protegidos por ese Estado”.
Mientras tanto, las autoridades sirias denunciaron el martes la muerte de cuatro personas —un militar y tres civiles— en ataques atribuidos a las FDS contra Alepo. De forma paralela, la milicia kurdo-árabe informó también de otros cuatro fallecidos y 30 heridos por fuego de artillería de “facciones del Gobierno de Damasco” contra estos mismos barrios.
Los últimos choques se desencadenan después de que, el pasado fin de semana, las conversaciones entre Damasco y las FDS concluyeran sin avances significativos hacia un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el encaje de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro diseño político del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.
En marzo, el jefe de las FDS, Mazloum Abdi, y el actual presidente de transición, Ahmed al Shara, suscribieron un pacto destinado a reincorporar todas las estructuras civiles y militares de las zonas autónomas kurdas —incluidas las propias FDS— bajo el paraguas del Estado central, además de establecer un alto el fuego a escala nacional. Sin embargo, las discrepancias sobre la forma y los plazos de esa integración han bloqueado hasta ahora su aplicación práctica.