Ocho países árabes y de mayoría musulmana, entre ellos Arabia Saudí, Egipto y Qatar, han denunciado este martes la decisión de Israel de declarar ciertas áreas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, una medida que califican como “una grave escalada destinada a acelerar la actividad en los asentamientos ilegales”.
En el comunicado conjunto, suscrito también por Emiratos Árabes Unidos (EAU), Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía, los firmantes subrayan que “este paso ilegal” persigue igualmente acelerar la “confiscación de tierras” y “aumenta el control israelí”, al “aplicar ilegalmente la soberanía israelí sobre los Territorios Ocupados Palestinos, socavando los derechos legítimos del pueblo palestino”.
Los Estados firmantes recalcan que “estas medidas representan una violación flagrante del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario” y suponen además “una violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, principalmente la resolución 2234”.
Recuerdan asimismo que “la decisión contradice además la opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, que subrayó la ilegalidad de las medidas destinadas a alterar el estatus legal, histórico o demográfico del territorio palestino ocupado, la obligación de poner fin a la ocupación y la prohibición de adquirir territorio por la fuerza”.
En esta misma línea, advierten de que “este paso refleja un intento de imponer una nueva realidad jurídica y administrativa diseñada para consolidar el control sobre las tierras ocupadas, socavando así la solución de dos Estados, erosionando las perspectivas de establecimiento de un Estado palestino independiente y viable y poniendo en peligro el logro de una paz justa y exhaustiva en la región”.
Los países firmantes reiteran su “rechazo categórico de todas las medidas unilaterales destinadas a alterar el status legal, demográfico e histórico” de Palestina y alertan de que “estas políticas suponen una peligrosa escalada que elevará aún más las tensiones y la inestabilidad en los Territorios Ocupados Palestinos y en la región en su conjunto”.
Por ello, instan a la comunidad internacional a que “asuma sus responsabilidades y adopte pasos claros y decisivos para poner fin a estas violaciones, garantizar el respeto del Derecho Internacional y salvaguardar los derechos inalienables del pueblo palestino”, entre los que citan “el derecho a la autodeterminación, el fin de la ocupación y el establecimiento de su Estado independiente y soberano según las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital”.
La propuesta fue impulsada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, junto al ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, con el objetivo declarado de regular las explotaciones agrícolas y clarificar el estatus de las zonas ocupadas en los territorios palestinos, un procedimiento administrativo complejo que Israel había dejado de aplicar hace décadas.
La iniciativa se enmarca, además, en la reciente decisión del gabinete de seguridad israelí de sacar adelante una reforma de la administración de Cisjordania, ampliando sus atribuciones en esta parte de Palestina. El cambio contempla, entre otros aspectos, la asunción por parte de las autoridades israelíes de las competencias sobre el territorio y las licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón, alterando el esquema vigente desde 1997, que exigía que cualquier nueva edificación contara con el visto bueno tanto de las instituciones palestinas como de las israelíes.