Un tribunal de Ecuador ha impuesto este lunes penas superiores a 34 años de cárcel a once militares por la desaparición forzada de cuatro adolescentes, y ha sentenciado a otros cinco uniformados a treinta meses de prisión por su colaboración en estos hechos, registrados en diciembre de 2024 en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Los cuatro chicos, de entre once y quince años, desaparecieron la noche del 8 de diciembre de 2024 tras ser interceptados por una patrulla del Ejército, movilizada por la alerta de un presunto robo en la zona. Posteriormente fueron trasladados a la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, donde días más tarde aparecieron sus cuerpos calcinados en las inmediaciones de una base militar.
Seis semanas después del inicio del juicio, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas ha asumido prácticamente en su totalidad las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía, con la única excepción de un teniente coronel que ha resultado absuelto.
Según recogen los medios ecuatorianos, los cinco militares que recibieron las condenas más bajas lo hicieron tras acogerse a un acuerdo de cooperación con la acusación. El resto de los procesados, entre ellos el jefe de la patrulla que interceptó y trasladó a los cuatro menores, han sido condenados a 34 años y ocho meses de prisión.
Durante la lectura de la resolución, uno de los jueces recordó una de las declaraciones de los militares que pactaron colaborar con la Justicia, en la que se describía cómo los adolescentes fueron agredidos y obligados a quitarse la ropa. “Aportó detalles que solo un testigo presencial conoce”, subrayó el magistrado.
El juez también remarcó que los relatos de los progenitores pusieron de manifiesto la falta de actuación del Estado cuando acudieron a pedir información sobre el paradero de sus hijos, que además fueron detenidos de forma irregular por la patrulla, que “abandonó a los menores en ese sector, sabiendo que era peligroso, desolado, abandonado”.
La sentencia fija asimismo que cada uno de los condenados deberá abonar una compensación de 10.000 dólares a cada víctima, ofrecer disculpas públicas a través de los medios de comunicación y participar en un acto en la base de Taura, donde se instalará una placa en memoria de los jóvenes.
El caso, conocido como el de Las Malvinas, ha reavivado el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas y el proceso de militarización de la sociedad ecuatoriana, enmarcado en la declaración del estado de conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 para hacer frente al crimen organizado.