Una organización de Derechos Humanos con sede en Reino Unido ha denunciado este lunes que más de 3.000 refugiados y solicitantes de asilo eritreos han sido detenidos en Egipto desde el 10 de enero, en el marco de una campaña de arrestos “masivos” atribuida a las autoridades egipcias.
La ONG Human Rights Concern-Eritrea (HRCE) ha indicado que numerosos arrestados habrían sufrido presuntos malos tratos y que se han registrado también episodios de violencia sexual, basándose en “testimonios, documentación y pruebas fotográficas” obtenidas en El Cairo.
Según la organización, los indicios recabados apuntan a presuntos golpes y quemaduras provocadas con agua caliente y sustancias corrosivas, así como a extorsiones bajo amenaza de malos tratos, denegación de atención médica y traslados forzosos de los detenidos a la Embajada de Eritrea con el fin de iniciar procesos de deportación.
“Si se confirman, estos acontecimientos plantean graves preocupaciones en virtud del Derecho Internacional de los refugiados, incluidas las violaciones del principio de no devolución y la protección contra la detención arbitraria y la tortura”, ha advertido HRCE.
La ONG ha subrayado que algunos de los afectados estaban registrados ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene el mandato de proteger los derechos de los solicitantes de asilo, incluida la salvaguarda frente a deportaciones forzosas y detenciones arbitrarias.
Asimismo, HRCE —que ha denunciado también la presunta muerte de dos menores tras el arresto de su madre, cuyo paradero se desconoce— ha reclamado a ACNUR que actúe “inmediatamente para impedir las deportaciones” de estas personas, sin revelar sus identidades por motivos de seguridad.
“El Gobierno de Egipto debe cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional sobre los refugiados. Las organizaciones internacionales Derechos Humanos y los mecanismos de la ONU deben supervisar la situación y responder sin demora. Es fundamental tomar medidas de protección inmediata”, ha remachado la ONG.
En paralelo, la organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado recientemente que agentes de la Policía egipcia vestidos de paisano “han arrestado arbitrariamente a ciudadanos de Siria, Sudán del Sur y otros países subsaharianos en las calles o en sus lugares de trabajo en ciudades de todo el país”.
“Refugiados que han huido de la guerra, la persecución o las crisis humanitarias no deberían verse obligados a vivir con el temor diario de ser detenidos arbitrariamente y deportados de vuelta a un lugar donde corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los Derechos Humanos”, afirmó en un comunicado el investigador de Amnistía para Egipto y Libia, Mahmud Shalaby.
Amnistía Internacional documentó la “detención arbitraria” de al menos 22 refugiados y solicitantes de asilo, entre ellos un menor y dos mujeres, cuando se encontraban en sus viviendas, en la vía pública o en controles de seguridad entre finales de diciembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026 en las gobernaciones de El Cairo, Giza, Caliubia y Alejandría.
El actual presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, accedió al poder tras un golpe de Estado en julio de 2013, que encabezó después de grandes protestas contra el entonces jefe de Estado, el islamista Mohamed Mursi, primer presidente elegido democráticamente en Egipto y fallecido en 2019 durante una vista judicial celebrada tras su detención posterior a la asonada.