La denominada Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reciente modificación legal aprobada este lunes por el Parlamento israelí, que prevé la imposición de la pena capital mediante ahorcamiento y en secreto por delitos de terrorismo exclusivamente a personas palestinas, ha provocado una oleada de críticas de organizaciones de Derechos Humanos y llamadas a su revocación inmediata.
Entre las entidades que han reaccionado figura el Centro Palestino de Derechos Humanos, que ha expresado en redes su "condena en los términos más enérgicos" ante un texto que "ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos".
En este sentido, el organismo ha reclamado a la comunidad internacional "a intervenir urgentemente para proteger a los presos palestinos y garantizar la rendición de cuentas". "El silencio y la inacción solo agravarán la impunidad y erosionarán el orden internacional basado en normas", ha añadido.
Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina ha advertido de que la normativa "afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos".
Ante este escenario, el organismo ha urgido a las autoridades israelíes a "derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por la Knesset", al considerar que "contraviene las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional".
La oficina ha reiterado además la postura histórica de Naciones Unidas contraria a la pena capital "bajo cualquier circunstancia" y ha subrayado que la implementación de esta ley "violaría la prohibición del Derecho Internacional sobre castigos crueles, inhumanos o degradantes".
Estas valoraciones se suman al comunicado emitido previamente por el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, que ha alertado de que "esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza". "Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial", ha señalado el director legal de Adalah, Suhad Bishara.
Adalah ha sostenido igualmente que la norma, "una de las más violentas y discriminatorias", constituye "una flagrante violación del derecho internacional" al entender que la Knesset "no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada". "Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra", ha argumentado la organización, que ha avanzado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo israelí "como cuestión de máxima urgencia".
Reacciones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch
La aprobación de la ley por parte del Parlamento israelí ha provocado también la censura de grandes ONG internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han reiterado su rechazo frontal a la pena capital.
Amnistía ha reclamado a las autoridades israelíes que "deroguen urgentemente las enmiendas legislativas" aprobadas, a las que ha calificado como "una muestra pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los Derechos Humanos", en palabras de la directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de la organización, Erika Guevara-Rosas.
"El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y varios ministros, pone de manifiesto el grado de deshumanización que Israel inflige a los palestinos", ha denunciado Guevara-Rosas, quien ha recordado que "Netanyahu, buscado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ha sido uno de los que han votado a favor de la ley".
La ONG ha subrayado que la nueva legislación permitirá a los tribunales militares de Cisjordania ocupada imponer la pena de muerte a palestinos condenados por asesinatos premeditados en acciones tipificadas como terroristas según la ley antiterrorista israelí, considerada discriminatoria. "Quienes sean condenados a muerte no tienen derecho a indulto, lo que convierte a esta ley en una de las más extremas del mundo en materia de pena capital", ha alertado la organización.
En esta línea, Guevara-Rosas ha criticado que, "al autorizar a los tribunales militares, que tienen una tasa de condena superior al 99% para los acusados palestinos y que son conocidos por ignorar las garantías procesales y de un juicio justo, a imponer penas de muerte prácticamente obligatorias y ordenar la ejecución en tan solo 90 días tras la sentencia definitiva, Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a palestinos, eliminando al mismo tiempo las garantías más básicas de un juicio justo".
"La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen inmediatamente esta ley, abolan por completo la pena de muerte y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos", ha concluido.
Human Rights Watch, por su parte, ha reiterado su rechazo a la pena capital --"una práctica singular por su crueldad y carácter definitivo"-- en cualquier contexto, incluida esta reforma israelí.
Su subdirector para Oriente Próximo, Adam Coogle, ha señalado que, "aunque algunos responsables israelíes argumentan que la imposición de la pena de muerte responde a una cuestión de seguridad", en realidad "afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid". "La pena de muerte es irreversible y cruel. Sumada a las severas restricciones a las apelaciones y a su plazo de ejecución de 90 días, este proyecto de ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y menor escrutinio", ha indicado.
Críticas y llamamientos desde Europa
Las objeciones a la reforma han tenido eco igualmente en Europa. El Consejo de Europa, a través de su secretario general, Alain Berset, ha reiterado la oposición del organismo a la ampliación del uso de la pena capital y ha avisado de que seguirá con atención la evolución de la normativa y "analizará sus implicaciones para los convenios del Consejo de Europa de los que Israel es parte, así como para los mecanismos de cooperación en los que participa este Estado".
La institución ha lamentado que la Knesset haya dado luz verde a la ley "a pesar de los reiterados llamamientos a las autoridades israelíes, en particular por parte del Consejo de Europa, para que la revoquen", y ha advertido de "un mayor distanciamiento de Israel del marco de valores con el que históricamente se ha identificado".
"La pena de muerte es un anacronismo jurídico incompatible con los estándares contemporáneos de derechos humanos. Además, cualquier aplicación de la pena de muerte que pueda considerarse discriminatoria es inaceptable en un Estado de derecho", ha remarcado Berset.
Sus declaraciones se han producido en paralelo a las reacciones de varios gobiernos europeos, como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que han manifestado su "profunda preocupación" por un proyecto de ley que consideran "discriminatorio" y han instado a Israel a abandonar esta reforma.
A estas voces se ha sumado Irlanda. Su ministra de Exteriores, Helen McEntee, ha censurado la medida en un comunicado en el que ha expresado su "particular" inquietud por "el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley en lo que respecta a los palestinos". Por ello, "Irlanda insta al Gobierno y al Parlamento israelíes a no implementar esta ley", concluye el texto.