La organización Human Rights First ha hecho público este lunes el traslado de alrededor de 444 solicitantes de asilo salvadoreños desde Estados Unidos hacia terceros países como Honduras, Guatemala, Ecuador y México. Esta actuación se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante el mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.
Según ha señalado la ONG en un comunicado, estos movimientos cuentan con el visto bueno de tribunales estadounidenses, que han ordenado el envío de estas personas a los países con los que Washington ha suscrito acuerdos migratorios. La entidad alerta de una “expansión acelerada de políticas que buscan externalizar el procesamiento de solicitudes de protección internacional”.
Las cifras apuntan a un aumento de las decisiones judiciales que cancelan o dejan sin tratar solicitudes de asilo sin que los afectados puedan presentar sus argumentos. Desde Human Rights First subrayan que estas resoluciones no significan necesariamente que todos los traslados se hayan materializado ya.
Estos envíos a terceros países se apoyan sobre todo en los denominados “Asylum Cooperative Agreements” (ACA), un instrumento por el que Estados Unidos impide a una persona pedir asilo en su territorio y la remite a otro Estado para que allí se tramite su solicitud. De acuerdo con la legislación estadounidense, este tipo de pactos solo puede aplicarse si el país receptor ofrece garantías de seguridad y acceso a procedimientos de asilo “plenos y justos”.
No obstante, diversas organizaciones de Derechos Humanos llevan tiempo cuestionando que varios de los Estados implicados cumplan realmente estas condiciones. Aun así, distintos tribunales han continuado autorizando los traslados, en muchos casos sin un análisis individualizado de los riesgos específicos a los que se enfrentan los solicitantes.