Una decena de ONG maldivas e internacionales han reclamado este jueves al Gobierno de Maldivas que renuncie a presentar un proyecto de ley destinado a poner fin a la actual moratoria sobre la pena de muerte en el país, al tiempo que han pedido progresos reales hacia “la abolición total” de este castigo.
Entre las organizaciones firmantes figuran Human Rights Watch (HRW), Red Asiática contra la Pena de Muerte, Red de Democracia Maldiva y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, que han pedido de forma conjunta al Ejecutivo maldivo que retire una iniciativa legislativa que “violaría las obligaciones internacionales de Maldivas en materia de Derechos Humanos, contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que Maldivas se adhirió en 2006”, de acuerdo con el comunicado difundido por HRW.
Las ONG subrayan que el texto propuesto “además, sería contrario a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que exigen el respeto de las normas internacionales que protegen los derechos de las personas condenadas a muerte, la restricción progresiva de su aplicación y la reducción del número de delitos punibles con esta pena”.
Los colectivos de Derechos Humanos reaccionan así a las informaciones que apuntan a que la Fiscalía General estaría ultimando el borrador anunciado a finales de marzo por el presidente del país, Mohamed Muizzu, que contemplaría la ejecución sin demoras de las personas ya condenadas a muerte que hayan agotado todas las instancias judiciales.
Tras una serie de reformas de la Ley de Drogas ratificadas en diciembre de 2025, las personas condenadas por traficar grandes cantidades de estupefacientes, como más de 350 gramos de cannabis, 250 gramos de diamorfina o 100 gramos de cualquier otra sustancia incluida en la denominada Lista 1, podrían ser castigadas con la pena capital.
“Introducir la pena de muerte para un delito que antes no era punible con la muerte es contrario al objetivo de abolirla”, recalca el comunicado de las ONG, que cita igualmente el PIDCP para recordar que, según su artículo 6, los Estados que aún conservan la pena de muerte en su ordenamiento deben limitar su aplicación exclusivamente a “los delitos más graves”.
En este marco, las organizaciones firmantes expresan su “especial preocupación” por el proyecto de ley “debido al historial de corrupción, politización e incapacidad del poder judicial maldivo para impartir justicia y exigir responsabilidades por los crímenes cometidos en el pasado”.