Decenas de organizaciones humanitarias han comunicado este martes que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel contra la orden que les obliga a detener sus actividades en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En su escrito solicitan una suspensión cautelar de la medida antes de que, según alertan, desemboque en un “colapso humanitario” y en un “daño irreparable” al derecho a la salud y a la vida de “cientos de miles” de personas.
Las entidades afectadas cuestionan la resolución emitida en diciembre de 2025 por las autoridades israelíes que, tal y como expusieron en rueda de prensa, “ordena el cese de sus actividades por negarse a proporcionar datos personales de contacto de miles de empleados y empleadas locales”.
Entre las firmantes figuran 17 ONG, entre ellas Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), además de la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA). Con este recurso tratan de “mantener la situación actual y evitar la expiración de su registro”, así como impedir la “deportación de personal extranjero” mientras el Supremo no dicte una resolución firme.
Las organizaciones han avisado de que las medidas administrativas para forzar su cierre podrían activarse el próximo 28 de febrero y han subrayado que el impacto sería “inmediato”, con consecuencias no solo para cada entidad por separado, sino para “al conjunto del sistema humanitario”.
Han recordado que, en Gaza, las familias “siguen dependiendo” de la ayuda internacional ante las “restricciones continuas a la entrada de asistencia” y los nuevos ataques israelíes contra áreas “densamente pobladas”. En Cisjordania, incluido Jerusalén Este, las incursiones militares, las demoliciones, los desplazamientos, la expansión de asentamientos y la violencia de colonos incrementan igualmente las necesidades de la población civil.
“Junto con las agencias de Naciones Unidas y los socios palestinos, de las ONG internacionales depende más de la mitad de toda la asistencia alimentaria en Gaza, el 60% de las operaciones de hospitales de campaña y casi tres cuartas partes de las actividades de refugio y distribución de artículos no alimentarios”, han señalado.
También han subrayado que esta red de ayuda sostiene “la totalidad de los tratamientos hospitalarios para menores con desnutrición aguda severa” y “el 30% de los servicios de educación de emergencia”, además de financiar “más de la mitad de las tareas de eliminación de artefactos explosivos”.
Exigencia de datos personales y conflicto legal
El 30 de diciembre de 2025, 37 organizaciones internacionales de ayuda fueron informadas de que sus registros en Israel caducarían al día siguiente y de que dispondrían de 60 días para poner fin a sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.
La notificación especificaba que la decisión solo se revertiría si “completaban íntegramente el proceso de registro, de acuerdo con las condiciones impuestas por Israel”. Sin embargo, las ONG han reiterado que dicho procedimiento resulta inasumible “desde el punto de vista legal y ético”.
En relación con la obligación de facilitar datos personales de sus empleados, han explicado que aquellas sometidas a la normativa europea consideran que transferir esa información a las autoridades israelíes constituiría una “infracción penal y administrativa”.
Por este motivo, el recurso invoca el precedente Schrems II del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que veta el envío de datos a países que no cuentan con un control judicial independiente sobre la actuación de sus servicios de seguridad.
Además, sostienen que la orden de facilitar números de teléfono y otros datos de contacto de todo el personal “vulnera el principio de minimización de datos” y “pone en peligro la seguridad personal” de los trabajadores.
“Convertir a organizaciones humanitarias en un brazo de recopilación de información de una de las partes en el conflicto contradice frontalmente el principio de neutralidad”, han defendido las ONG.
Cuestionamiento de la legalidad de la orden de cese
Las organizaciones han denunciado que la actuación administrativa de las autoridades israelíes “está viciada” por “dilaciones indebidas y falta de buena fe” y consideran “nula” la decisión de “cese generalizado de actividades por ilegalidad”, dado que, a su juicio, el mandato gubernamental “se limita a cuestiones técnicas de registro y visados”.
“Asumir la facultad de ordenar el cese de actividades de una organización internacional constituye una extralimitación grave sin base legal expresa”, han remarcado.
Asimismo, recuerdan que, según el Anexo Civil de los Acuerdos de Oslo, la responsabilidad de registrar y supervisar a las ONG que operan en territorios bajo la Autoridad Palestina “fue transferida a la parte palestina”, por lo que Israel “carece de autoridad” para ordenar el cierre de las entidades afectadas.
Su argumentación jurídica se apoya también en el artículo 63 del IV Convenio de Ginebra, que “impone a la potencia ocupante la obligación de permitir que las sociedades de socorro continúen su labor”, de acuerdo con los fundamentos legales presentados.
En la misma línea, alegan una vulneración de la obligación de facilitar la asistencia humanitaria, puesto que, como potencia ocupante, Israel “tiene obligaciones positivas” de “garantizar el suministro de alimentos y servicios médicos”.