El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido una alerta este martes sobre los alarmantes niveles de muerte y destrucción en Birmania, que a medida que se intensifica la violencia, evocan las graves atrocidades de 2017 cuando la junta militar provocó el desplazamiento masivo de rohingyas.
Según datos de la ONU, desde el golpe de estado de febrero de 2021, aproximadamente 7,100 personas han perdido la vida a manos de las fuerzas armadas, incluyendo a mujeres y niños que representan un tercio del total. Además, al menos 29,560 individuos han sido arrestados por cuestiones políticas y cerca de 22,000 permanecen detenidos sin un juicio justo.
En un reciente informe, la ONU denunció un incremento en los asesinatos, actos de tortura y desplazamientos forzados, especialmente en el estado de Rajine, donde miles han tenido que dejar sus hogares. Desde noviembre de 2023, unos 150,000 rohingyas se han visto obligados a huir hacia Bangladesh, sumándose a cerca de un millón de refugiados ya presentes en la región.
Volker Turk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, expresó su consternación por la continuidad de la violencia y los patrones indiscriminados y sistemáticos del ejército. Acusó tanto a la junta militar como al rebelde Ejército de Arakán de actuar con impunidad. Los civiles de comunidades rohingyas y otras etnias de Rajine siguen sufriendo las consecuencias de la violencia y de patrones indiscriminados y sistemáticos por parte del Ejército, lamentó Turk. Los vídeos y las imágenes muestran destrucción, muerte y desesperación, y recuerdan a escenas que ya vimos en 2017. Me duele profundamente que esto esté ocurriendo otra vez, declaró.
El informe también señala que, a pesar de los llamados internacionales para cesar la violencia, los ataques contra civiles continúan, representando una clara violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional. Además, menciona la preocupante situación de inseguridad alimentaria que sigue creciendo junto con el conflicto y la inestabilidad económica, estimando que para 2025, 15.2 millones de personas podrían sufrir de inseguridad alimentaria.
Es urgente, según Turk, tomar medidas significativas para detener esta violencia desenfrenada y proporcionar asistencia humanitaria inmediata, especialmente a aquellos que han sufrido durante años. Se necesita urgentemente financiación humanitaria para satisfacer estas necesidades y ha implorado a los Estados miembro que actúen para exigir a las partes que cumplan con sus obligaciones de permitir que la ayuda llegue a quienes la necesitan y que apoyen los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades a los quienes han perpetrado violaciones del Derecho Internacional.