Este viernes, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido una denuncia contra los grupos en conflicto en Sudán por su implicación en ataques «deliberados» contra la población civil, en el contexto de una contienda descrita como «guerra de atrocidades». Esta situación ha llevado al país a enfrentar una de las crisis humanitarias más severas del planeta.
«Las fuerzas rivales en Sudán están provocando la devastación de la población civil, cometiendo atrocidades que incluyen crímenes de guerra a gran escala y que podrían constituir crímenes contra la humanidad», indicó la misión de investigación para Sudán en un informe a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El reporte, titulado ‘Una guerra de atrocidades’, revela que tanto las Fuerzas Armadas de Sudán como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han causado «no solo de ataques directos contra civiles, sino de la destrucción masiva de infraestructura vital para su supervivencia, como hospitales, mercados y campos de desplazados», entre otros daños.
Además, se han descubierto evidencias de que las RSF, en su ofensiva sobre El Fasher y zonas adyacentes, han perpetrado «crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinato, tortura, esclavitud, violaciones, desplazamientos forzosos y persecuciones por motivos étnicos». «Las RSF y sus aliados han utilizado el hambre como arma de guerra y ha dejado a los civiles sin productos indispensables para su supervivencia, como alimentos y medicamentos», se detalla en el documento.
«Nuestras informaciones no dejan lugar a dudas: los civiles están pagando el precio más alto en esta guerra», declaró Mohamed Chande Othman, jefe de la misión de investigación. «Las partes han estado atacando, ejecutando, deteniendo y torturando a civiles», lamentó, añadiendo que «Esto no es algo accidental sino una estrategia deliberada que supone un crimen de guerra».
MASACRES CONTRA CIVILES
La ONU ha expresado su consternación por las acciones de las RSF y sus aliados, quienes han «asesinato a cientos de civiles en ataques intencionados contra comunidades no árabes, como las zaghawa, fur, masalit y tunjur, lo que se ha traducido en numerosos «desplazamientos forzosos».
Se calcula que entre 300 y 1.500 civiles han sido «masacrados» en el campo de Zamzam, ubicado en el oeste del país, en una situación parecida a la ocurrida en el estado de Gezira, donde decenas de personas han perdido la vida a manos de las RSF y sus aliados.
«Ambas partes han fracasado a la hora de tomar medidas suficientes para minimizar el impacto de los ataques de artillería contra civiles e infraestructura civil. Como resultado, localidades, campos de desplazados, mercados, hospitales y viviendas han sido destruidas de forma sistemática y se encuentran inhabitables a día de hoy», se informó.
Esto, según datos de la ONU, ha dejado a unos 12,1 millones de desplazados en todo el país y ha puesto a «más de la mitad de la nación frente a la inseguridad alimentaria». «Únicamente uno de cada cuatro instalaciones sanitarias sigue funcionando en las zonas más afectadas», se lamentó.
La ONU también ha criticado que la asistencia humanitaria se haya visto «obstaculizada» y los convoyes «atacados». Asimismo, muchos trabajadores humanitarios han sido también atacados, especialmente desde el año 2023, según el informe.
«Nuestro informe no solo expone las atrocidades, sino que también muestra una hoja de ruta para hacer justicia», afirmó Mona Rishmawi, experta de la ONU, quien ha urgido a la comunidad internacional a «actuar ahora para garantizar un embargo armamentístico y (…) establecer un sistema judicial independiente en Sudán para llevar a los responsables ante la Justicia».