Naciones Unidas ha instado este viernes al Gobierno de Tanzania a que “garanticen las libertades de expresión y asamblea pacífica” ante las manifestaciones previstas para el 9 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia, después de la dura represión de las protestas posteriores a las elecciones generales del 29 de noviembre, que dejaron cientos de fallecidos y miles de personas arrestadas.
El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango, ha subrayado que “pedimos al Gobierno que ordene a las fuerzas de seguridad que planifiquen y lleven a cabo sus operaciones de una forma que permita a los tanzanos ejercer totalmente sus derechos fundamentales” y ha recordado que “cientos de personas murieron y más de 2.000 fueron detenidas” en aquellas movilizaciones postelectorales.
Magango ha señalado que “el Gobierno ha intensificado la represión contra los opositores desde la votación”, mencionando, entre otras medidas, la orden emitida por la Policía “prohibiendo a nivel nacional todas las protestas por el Día de la Independencia”. “Exigimos que se levante esta medida tan amplia y desproporcionada”, ha afirmado, reclamando además a las fuerzas de seguridad que “se abstengan de usar la fuerza para dispersar concentraciones pacíficas y que hagan todo lo posible para reducir la tensión”.
En su intervención ha aludido también a las obligaciones fijadas por el Derecho Internacional, insistiendo en que “de ser inevitable, cualquier uso de la fuerza, incluidas las armas menos letales, debe limitarse al mínimo necesario”. Ha recalcado igualmente que “las armas de fuego no deben emplearse para dispersar ninguna reunión y solo pueden emplearse como último recurso para contrarrestar una amenaza inminente de muerte o lesiones graves”.
El portavoz ha indicado que “los informes apuntan a que desde mediados de noviembre han sido detenidas decenas de personas, incluidos académicos, actores de la sociedad civil y líderes políticos, con muchos arrestos llevados a cabo por personal armado no identificado”, al tiempo que ha explicado que las fuerzas de seguridad han reforzado su presencia en “centros urbanos”, donde se han endurecido las restricciones y se ha expandido “la vigilancia de comunicaciones digitales”.
Según Magango, “estas medidas corren el riesgo de elevar la tensión pública y socavar significativamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación en los asuntos públicos”, al tiempo que ha denunciado que las autoridades “aún no han dado informaciones sobre el número de muertos y las circunstancias de sus muertes” en el marco de la represión de las protestas posteriores a los comicios.
En la misma línea, ha lamentado que el Ejecutivo tampoco haya ofrecido datos sobre las denuncias de personas desaparecidas y ha advertido de que “la continuada ausencia de información transparente supone un riesgo de socavar aún más la confianza pública y de elevar las tensiones en un momento crítico”. Por ello, ha reiterado su llamamiento: “pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos de forma arbitraria”.
Magango ha añadido que la oficina del Alto Comisionado tiene constancia del anuncio del Gobierno sobre la creación de una comisión de investigación y ha remarcado que estas indagaciones “deben ceñirse totalmente a los estándares internacionales de independencia, imparcialidad, exhaustividad, rapidez y transparencia, dando unas protecciones robustas frente a represalias, intimidaciones o detenciones arbitrarias de los que participen en estos trabajos”.
Por su parte, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha defendido esta semana que las protestas postelectorales respondían a un plan para “derrocar” a su Ejecutivo. “Lo que ocurrió fue un evento fabricado y quienes lo planearon estaban decididos a derrocar nuestro gobierno. Esto no fue un accidente. Quienes lo organizaron pretendían derrocar a nuestro Estado”, zanjó.
Las elecciones —en las que la mandataria logró una victoria abrumadora y que fueron calificadas de irregulares por la Unión Africana— desencadenaron una oleada de manifestaciones que fue respondida con una fuerte actuación policial. Esta represión dejó alrededor de un centenar de muertos, según Amnistía Internacional, y más de un millar, de acuerdo con el partido opositor Chadema. Además, las autoridades tanzanas presentaron cargos de traición y conspiración contra cerca de 300 personas.